La plataforma Booking ha eliminado más de 4.000 anuncios de viviendas de uso turístico en España tras un requerimiento del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El motivo: incumplimientos en los requisitos legales de los alojamientos ofertados, desde la falta de número de licencia hasta documentación irregular, ambigüedad sobre si el alquiler era gestionado por particulares o empresas y la detección de publicidad ilícita en sus anuncios.

Y Canarias, como era de esperar, vuelve a estar en el foco. Según los datos oficiales, la mayoría de estos anuncios se concentraban en las islas, con especial presencia en zonas de alta presión turística como San Bartolomé de Tirajana o Mogán, donde el alquiler vacacional ha transformado la realidad inmobiliaria del sur de Gran Canaria.

La retirada se produce en medio del debate sobre los límites del modelo turístico y su convivencia con el derecho a la vivienda. Justamente, el anuncio coincide con el desconcierto generalizado entre varias comunidades autónomas por la entrada en vigor del Registro Único de Arrendamientos y la Ventanilla Única Digital, un decreto que exige a las viviendas que quieran publicitarse a través de internet que obtengan un número de licencia a través del registro de la propiedad y contra el que 14 autonomías (una de ellas Canarias) se han rebelado.

Por su parte, otras plataformas como Airbnb continúan siendo observadas de cerca por el Gobierno. El Ministerio ya ha advertido que más de 65.000 anuncios podrían estar operando al margen de la normativa en esta plataforma y en la capital, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó un recurso de la plataforma y dio luz verde a la retirada de 5.800 alojamientos en situación irregular.

El propio ministro, Pablo Bustinduy, ha puesto el foco en el desafío que supone la proliferación de este tipo de alojamientos para los vecinos de las zonas turísticas y para las autoridades locales en zonas como Canarias, donde la presión sobre el alquiler es evidente y se ha convertido en tema principal tanto para la administración como para colectivos que señalan el turismo como principal culpable de la escasa y costosa oferta de alquiler en las islas.