En el sur de Gran Canaria, el ayuntamiento que gobierna la joya turística de Maspalomas se ha convertido, casi sin hacer ruido, en uno de los consistorios más saneados del Archipiélago. Pero lo que podría parecer una historia de éxito fiscal sin matices, esconde también una tensión de fondo: la presión del gasto corriente, los retrasos en pagos a proveedores y un modelo económico excesivamente pegado al turismo.
Con presupuestos superiores a los 100 millones de euros anuales y un nivel de ejecución que ha mejorado notablemente en los últimos dos ejercicios, San Bartolomé de Tirajana ha hecho los deberes. La última auditoría del Fondo Canario de Financiación Municipal certifica un ahorro neto del 15,2 % (cuando solo se exige el 6 %), una recaudación superior al 91 % y un remanente de tesorería que multiplica por tres el mínimo legal.
“En términos técnicos, es uno de los ayuntamientos más solventes de Canarias”, explica un economista fiscalista que ha seguido de cerca la evolución de las cuentas locales. “No tiene deuda financiera, recauda bien, tiene margen fiscal y capacidad de maniobra. Pero también está empezando a dar señales de fatiga en el gasto diario”.
Y es que el músculo financiero se está probando al límite. En 2023, el consistorio tiró de remanentes por valor de 74 millones para cubrir gasto adicional, lo que generó un déficit presupuestario que, aunque legal (por estar suspendidas las reglas fiscales), no deja de ser una llamada de atención. En paralelo, los pagos a proveedores se demoran más de 160 días, pese a los esfuerzos por reducir esta media.
“El municipio ha pasado de tener dinero parado a tener que correr para ejecutarlo”, reconocen desde dentro del área económica. De hecho, entre 2023 y 2024, se han movilizado casi 250 millones de euros, una cifra sin precedentes en la historia reciente de Maspalomas.
Uno de los vectores que más está tensando el sistema es el gasto corriente. Entre personal, limpieza, alumbrado y contratos de servicios, el ayuntamiento gasta más del 80 % del presupuesto solo en mantener la maquinaria encendida. En 2024, por ejemplo, destinó 5,6 millones exclusivamente a la recogida de residuos urbanos. Todo ello en un contexto de crecimiento de la población flotante, urbanismo expansivo y demandas crecientes de una ciudadanía exigente.
El verdadero dilema que asoma en el horizonte es la dependencia estructural del turismo. San Bartolomé de Tirajana recauda buena parte de sus ingresos a través de impuestos y tasas ligados directamente a la actividad turística. Si el ciclo cambia —por recesión, disrupciones aéreas o cambio de hábitos—, la capacidad recaudatoria se resentirá.
Por eso, algunos técnicos apuntan ya la necesidad de diversificar la estructura fiscal y preparar una estrategia prudencial para los próximos años. “La sostenibilidad no es solo tener superávit hoy; es tener margen mañana sin recortar servicios”, resume un técnico que ha trabajado para llegar a esta conclusión con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).
Con el horizonte del nuevo Plan de Inversiones 2025-2027, la corporación local se juega algo más que el equilibrio de sus cuentas. Está en juego su resiliencia como administración en un entorno volátil, con presión social creciente y con una economía local tan brillante como frágil. Porque detrás de los números —por ahora en verde— late una tensión que no figura en los informes oficiales: la de un municipio que quiere ser gran ciudad, pero aún navega con estructuras de villa.
