Hay cifras que desnudan realidades mejor que cualquier discurso. En el primer trimestre de 2025, San Bartolomé de Tirajana —la locomotora turística del sur de Gran Canaria— registró 1.252 infracciones penales, según datos del Ministerio del Interior, desgranados por medios como Canarias7 o Epdata.es. El dato, dicen desde la Delegación del Gobierno, supone un leve descenso del 1,34 % respecto al mismo periodo del año anterior. Pero como casi siempre en este país, las estadísticas se cuentan mejor con lupa… y con desconfianza.
La seguridad ciudadana no es una cuestión de marketing. Es la base sobre la que se sostiene todo el relato turístico de Maspalomas. Sin ella, lo que queda es un decorado que se deshace por los bordes. Y en ese proceso, ya no solo peligra la imagen del destino: peligra su futuro económico. ¿Quién lo va a decir? Maspalomas, convertida en una máquina de ingresos públicos, en el motor fiscal que sostiene a medio gobierno autonómico y los líos valkianos de Las Palmas, podría estar comiéndose a sí misma, a golpe de negligencia política y criminalidad en ascenso. Pero mientras suena el reguetón en las terrazas, nadie parece querer apagar la música.
Porque lo que no cuenta la cifra global es que los delitos contra la libertad sexual se han triplicado, y las violaciones se han duplicado. Que hubo 1 homicidio consumado. Que aunque los robos con violencia cayeron a 20 casos (–45,9 %) y los robos en domicilios a 19 (–50 %), lo cierto es que el clima general de inseguridad en la calle y el desconcierto institucional van en sentido contrario.
En total, el municipio cerró el último año con 3.352 infracciones penales. De ellas, 1.314 fueron hurtos; 88 robos con violencia; 88 robos con fuerza; y 35 delitos contra la libertad sexual, de los cuales 5 incluyeron penetración. En ciberdelincuencia, la cifra alcanza ya 284 casos, de los cuales 249 corresponden a estafas, mientras la tasa de criminalidad digital en Canarias se ha incrementado un 14,8 %. A eso se le suma un auge alarmante del tráfico de drogas, que según fuentes policiales se ha duplicado.
¿Sabe usted cuántas infracciones penales por cada 1.000 habitantes se registran en esta meca turística? Unas 57 en el conjunto del municipio, pero el dato sube hasta 63 en Playa del Inglés, el corazón de la actividad hotelera y del turismo de ocio nocturno. Cifras dignas de ciudad periférica en tensión, no de escaparate turístico global.
Y sin embargo, la respuesta institucional oscila entre el maquillaje y la parálisis. Ni plan estratégico, ni refuerzo real de patrullas, ni liderazgo político visible. La alcaldía, más preocupada por la estética electoralista, no ha movido ficha. El Cabildo, por su parte, ni está ni se le espera. Mientras tanto, la Policía Nacional hace malabares para cubrir el día a día con recursos ajustados, y la Policía Local sigue atrapada en su laberinto administrativo.
Este deterioro no es nuevo, pero sí es más evidente que nunca. El modelo turístico del sur —basado en volumen, en rentabilidad exprés, en un urbanismo saturado y mal regulado— ha entrado en una fase peligrosa. La delincuencia ya no es un fenómeno periférico, sino un ingrediente estructural del ecosistema. ¿Cómo no va a subir el tráfico de drogas si hay locales sin control, pisos turísticos sin normativa efectiva y un circuito económico paralelo que se mueve más rápido que cualquier boletín oficial?
