La denuncia de Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria, sobre el sur de la isla es un jarro de agua fría que, lamentablemente, la realidad confirma: el "desarrollismo" imperante en Canarias prioriza la expansión económica y turística sin medida, a costa del territorio y de sus habitantes. El ejemplo más flagrante es el reciente desbloqueo del planeamiento urbanístico de Meloneras 2A. Este proyecto permitirá la depredación de 300.000 m² de suelo virgen para 3.600 nuevas camas hoteleras, bajo la discutible excusa de dotaciones públicas. Una decisión que se suma a la proyectada masificación en la Bahía de Santa Águeda, las villas de lujo en San Agustín o la polémica central de Chira-Soria.
La paradoja es sangrante: mientras se consume territorio virgen, gran parte de la infraestructura existente en el sur, "desde Bahía Feliz hasta Maspalomas, languidece. Centros comerciales abandonados, edificios en ruinas, parques descuidados y una oferta alojativa obsoleta y de baja calidad son la tónica", señala De la Barrera. Un modelo de "todo incluido" que beneficia a la turoperación y a unos pocos, dejando escaso gasto en destino.
Pero la consecuencia más grave recae sobre la vivienda. A su juicio, el mercado de San Bartolomé de Tirajana es un campo minado para los residentes: cero viviendas por menos de 500 euros, y una oferta mínima por debajo de 800 euros, todas ellas de una sola habitación. A esto se suman más de 6.100 viviendas vacías y 3.500 viviendas vacacionales, que asfixian la posibilidad de acceso a una vivienda digna para los canarios. La ley de ordenación turística, que multa a propietarios por no ceder sus apartamentos a explotadores, agrava esta sangría, mientras el 90% de las ventas inmobiliarias del sur van a parar a manos de extranjeros.
Para los draguistas, resulta incomprensible que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana persista en un modelo que genera estos pésimos indicadores económicos y sociales. Drago Canarias propone una política diametralmente opuesta: garantizar la vivienda digna con alquileres sociales, VPO, y limitando la vivienda vacacional y los precios de alquiler. Abogan por desclasificar camas turísticas, recalificar suelo y frenar las promociones pensadas para el "europeo rico".
La formación nacionalista señala que más allá de lo urbanístico, la visión es transformar el modelo productivo: apostar por I+D+i, la economía azul, el desarrollo rural y las nuevas tecnologías. Pero la clave de bóveda es el turismo: transformar el turismo de masas en uno que redistribuya la riqueza entre toda la población canaria. Esto pasa por mejorar salarios y condiciones laborales, eliminar campañas masivas de promoción turística y subvenciones a turoperadores y "todo incluidos", apoyar el consumo local e incrementar la recaudación del sector para que revierta en la ciudadanía. En definitiva, la propuesta es clara: decrecer turísticamente para poner a las personas canarias en el centro. Dejar de ser el "decorado de un parque temático" que expulsa a su propia gente. "Menos desarrollismo y mucho más canarismo", apostilla De la Barrera.
