El caso Yéremi Vargas, un sumario que se arrastra ya casi dos décadas, recibe una nueva inyección de movimiento desde los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia Nº2 de San Bartolomé de Tirajana en el sur de Gran Canaria ha dictado un auto, fechado el 24 de junio de 2024 –fecha que, por cierto, nos sitúa un año atrás en el tiempo, lo que ya da una idea de la lentitud que a menudo preside estas causas–, que exige al Servicio Canario de la Salud (SCS) la entrega del expediente clínico completo del menor. Y esto porque la documentación facilitada ¡hace casi cuatro años, el 1 de octubre de 2021!, resultó ser "incompleta". Una ineficiencia administrativa que, en un caso de esta gravedad, resulta sonrojante.
La oficina del abogado Marcos García-Montes, que representa a la familia de Yéremi –desaparecido en 2007, conviene no olvidarlo–, ha sido la encargada de comunicar esta nueva diligencia. El SCS, se ve, había entregado "tres admisiones en pediatría y neurología infantil", junto a "varios informes dispersos del servicio de Neuropediatría". ¿Dispersos? En un caso de un niño desaparecido, la dispersión documental es, cuanto menos, negligencia. La urgencia en la solicitud de la totalidad de los documentos clínicos es un grito en el desierto burocrático.
El tribunal no se ha quedado ahí. Ha ordenado que se incorpore al sumario el informe médico forense realizado por el doctor Manuel Francisco Carrillo Rodríguez. Y, una vez que el SCS se digne a completar la historia clínica, el Instituto de Medicina Legal y Forense de Las Palmas (IMLCF) deberá generar un nuevo informe, para el cual se requerirá la cooperación de dos peritos médicos. Un engranaje que parece buscar la exhaustividad, pero que choca con la dilación que ha caracterizado el proceso.
Además, el juzgado ha solicitado el certificado oficial de nacimiento de Yéremi al Registro Civil. Una formalidad, sí, pero que subraya la necesidad de reconstruir hasta el último detalle de la vida de un niño que, de un día para otro, se desvaneció. El despacho de García-Montes ha informado que todas estas diligencias pendientes han provocado el aplazamiento de la declaración del principal sospechoso, Antonio Ojeda, alias ‘el Rubio’, como investigado. Una decisión lógica, por supuesto, pues no se puede interrogar sin toda la información disponible. Pero, permítame una reflexión final: ¿cuántos años más habrá de esperar esta familia para que la justicia, con todas sus piezas sobre la mesa, pueda al fin arrojar luz sobre la oscuridad que envuelve la desaparición de Yéremi Vargas? La burocracia, a veces, parece más densa que el propio misterio.
