Las cosas, cuando se dejan al albur del tiempo, las acaban resolviendo los jueces. Y eso es exactamente lo que ha pasado en el sur de Gran Canaria, donde una sentencia del Contencioso-Administrativo nº6 de Las Palmas le ha dado la razón —de rebote— a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Porque no nos engañemos: el Ejecutivo regional no resolvió, esperó. Y ahora se cuelga una medalla.

El caso no es menor: un complejo residencial en San Bartolomé de Tirajana, dedicado al alquiler vacacional en tierra de nadie urbanística, queda exonerado tras el fallo del juez, que viene a decir, en román paladino, que el caos legal no lo pueden pagar siempre los mismos: los propietarios. ¿Resultado? Al menos una treintena de expedientes similares se tambalean, todos en el mismo complejo. Y la Consejería, tan hábil como tardía, corre a declarar que la sentencia "refuerza su postura" y que ahora sí, ahora ya van a ordenar el planeamiento. Como si lo hubieran inventado ellos.

El elefante en la habitación: San Bartolomé y Mogán

Desde hace décadas, los complejos turísticos del sur —primero turísticos, luego semiabandonados, luego reconvertidos en residenciales y ahora en Airbnb— funcionan bajo una ficción jurídica: son apartamentos en suelo turístico donde vive gente con contratos de luz, colegios y empadronamiento. Pero para las administraciones, son hoteles. Hoteles fantasma.

Y en ese contexto, Turismo se sacó en su día una batería de sanciones que parecían más una amenaza que una solución. Hasta que alguien, en 2024, frenó el ímpetu sancionador y se sentó a esperar a los jueces. Inteligencia política o cálculo de desgaste, eso lo juzgará el tiempo.

Lo cierto es que el viceconsejero, José Manuel Sanabria, ha salido ahora a decir que la sentencia “demuestra la necesidad de especializar el planeamiento” —algo que, por cierto, llevamos escuchando desde los años 90— y que la clave es “la colaboración entre administraciones”. El viejo truco de echar la pelota al tejado del ayuntamiento, cuando el Gobierno regional lleva décadas mirando hacia otro lado.

¿Revolución legal o parche momentáneo?

Para salvar el prestigio institucional, Turismo promete revisar caso por caso. Lo dijo Sanabria: “solo se aplicará este criterio cuando haya identidad de objeto y similitud”. Traducido: el que quiera justicia, que se busque un buen abogado. Mientras tanto, la consejera Jéssica de León se apresta a reformar la normativa autonómica, como quien se apresura a recoger los platos después de una cena con explosiones. Porque si algo queda claro con esta sentencia, es que el modelo turístico de Canarias tiene un problema de fondo, y no se arregla con sanciones ni con eufemismos técnicos sobre “planeamiento”.

La pregunta es: ¿cómo es posible que un complejo con miles de residentes funcione fuera del marco legal durante 30 años y nadie mueva un dedo hasta que llegan los escándalos y las demandas?. Porque si Canarias quiere seguir vendiendo seguridad jurídica al inversor —y al propietario—, tiene que empezar por limpiar su propia casa.