A los canarios les han colado una ecotasa con nombre de trámite aduanero. Se llama AIEM —Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías— y es el peaje que hay que pagar por vivir en un paraíso que a veces más parece un almacén fiscal que una tierra bendecida. Una mordida institucional, con apariencia de protección industrial, que grava productos que no se fabrican ni en sueños en las islas pero que, sin embargo, aparecen en el listado como si aquí se levantaran factorías de lavadoras, salchichas de tofu o juguetes con pilas recargables.
El AIEM es eso: una aduana que se cobra en nombre del REF, el Régimen Económico y Fiscal canario, pero que funciona como si fuera un portero de discoteca: a algunos les sube el precio de entrar, a otros les niega el paso, y a la mayoría les arruina la noche.Entre 2020 y 2022, este arbitrio ha metido al saco del Gobierno de Canarias un 50% más de recaudación, con un cierre en 2022 de 225 millones de euros, mientras el pueblo se desangra en los pasillos de los supermercados, haciendo malabares para llenar una cesta que no para de engordar en coste aunque venga flaca de contenido.Pero aquí está el detalle que ni Bruselas, ni el Ministerio de Hacienda, ni los paladines de la justicia fiscal parecen querer ver: el AIEM ya ha superado con creces el techo legal de 150 millones de euros que se había establecido como límite máximo para este arbitrio. Una cifra que se ha sobrepasado sin rubor, sin comunicación, y sin consecuencias.
Este exceso no es un detalle menor ni una anécdota administrativa: es un auténtico ridículo institucional. Una flagrante violación de los límites legales que pone en evidencia la falta de control y la permisividad con que se trata a Canarias, como si este archipiélago fuera un territorio de segunda, donde las reglas son flexibles y los ciudadanos, meros contribuyentes resignados.Por ello, lo sensato, lo urgente, lo ineludible es que se suspenda de forma inmediata el AIEM, para evitar seguir haciendo el ridículo ante Europa y para aliviar la pesada carga que cae sobre los canarios.Y en la cumbre del disparate, se amplió el listado. Cuando era consejero de Hacienda Román Rodríguez —ese que habla de canariedad con una mano en el bolsillo y la otra en la caja— decidió en 2020 añadir artículos por familias enteras. Y al mismo tiempo pide una ecotasa para los turistas.
Como si porque alguien fabrica escobas de palma en Fuerteventura, haya que gravar también los aspiradores inteligentes que nunca han pisado La Isleta.Sebastián Grisaleña y Agustín Manrique de Lara, empresarios de los de toda la vida —con callo, pero con sentido común— han puesto el grito en el cielo: que el AIEM no protege a nadie, que no hay industria que justificar, y que el resultado es una losa sobre el consumidor canario. Que esto encarece la vida, encoge la clase media y nos aleja aún más de la península, que ya nos lleva media docena de sueldos y dos trenes de ventaja.Pero desde ASINCA, el lobby industrial, se aferran al AIEM como si fuera su última balsa en un naufragio económico. Que sin él, dicen, desaparece la industria isleña. Como si fuera razonable construir un futuro económico sobre una muralla arancelaria, en lugar de levantarlo sobre innovación, tecnología o talento.
El presidente de ASINCA Jorge Escuder pide que se mantenga, que se actualice más rápido, que el listado sea más ágil. Que el AIEM es una especie de chaleco salvavidas para las 49.000 personas que dan de comer a la industria en Canarias. Y tal vez tenga algo de razón, pero el problema no está solo en los números: está en la filosofía. Porque el AIEM se ha convertido en la ecotasa de los canarios en su propia tierra. Una tasa por respirar, por comprar, por vivir lejos de todo, en un archipiélago donde lo que llega lo hace con sobrecoste y lo que se produce se queda en los márgenes.Mientras tanto, los políticos dan discursos sobre soberanía alimentaria y autonomía estratégica mientras importan papas de Egipto, cebollas de Holanda y yogures alemanes.
Y si alguien intenta comprar por internet, el AIEM vuelve a morder: encarece el comercio online y castiga al que quiere escapar de la tienda de siempre.Canarias, con sus playas de postal y sus salarios de subsistencia, carga con un régimen fiscal diseñado para contentar a los de arriba y empujar a los de abajo hacia el silencio. El AIEM se ha convertido en el impuesto al olvido, al aislamiento, al conformismo resignado.Y los canarios —los que no han emigrado, los que aún tienen voz— apenas se enteran del percal. Pagan como si fuera normal. Callan como si fuera lógico. Y votan como si todo esto fuera un mal necesario.Pero no lo es.
