El pulso empresarial entre dos de los gigantes del sector turístico y constructor en Canarias —Grupo Lopesan y Grupo Santana Cazorla— ha sumado un nuevo capítulo este lunes en los tribunales. El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la personación de Lopesan Touristik en el procedimiento concursal de Mar Abierto SL, firma perteneciente al conglomerado empresarial de los Santana Cazorla.

En una escueta pero contundente providencia, el órgano judicial establece que la condición de “mero oferente” para adquirir activos de la sociedad concursada no constituye un “interés legítimo”, tal como exige el artículo 512.3 del texto refundido de la Ley Concursal. De este modo, se frena en seco el intento del grupo Lopesan de tomar posición dentro de un proceso en el que había puesto sobre la mesa una oferta vinculante de 88,5 millones de euros para hacerse con una unidad productiva conjunta de Hermanos Santana Cazorla y Mar Abierto SL.

El juzgado aclara además que la venta de activos se está tramitando vía subasta, bajo la supervisión de la administración concursal —en manos de la firma Lener SLP— y que, en todo caso, Lopesan deberá esperar al resultado de dicho proceso o a una eventual autorización judicial para proceder a una venta directa. En otras palabras: no hay trato preferente.

Un proceso enrevesado con muchos ojos encima

El procedimiento de Mar Abierto SL, en concurso desde octubre de 2021, arrastra una larga lista de acreedores en la que se cruzan grandes nombres del mundo financiero y administraciones públicas. Desde la Sareb, Banca March, Banco Santander o Caixabank, hasta el Ayuntamiento de Mogán, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, pasando por proveedores como Etika Food, Frutas y Verduras Gutiérrez o Isla Marina. En total, más de una docena de entidades y personas físicas con créditos en juego.

A este escenario se suma el concurso necesario de Hermanos Santana Cazorla, abierto en marzo del mismo año, lo que añade complejidad a cualquier intento de operación que implique unidades productivas de ambos entramados.

Lopesan, que había lanzado su ofensiva como salvavidas empresarial para una parte de las operaciones de HSC y Mar Abierto, ve ahora frustrado su intento de ganar protagonismo procesal en un pleito que se libra entre balances, subastas judiciales y tensiones empresariales de alto calado.

Una batalla más en el tablero turístico de Canarias

La pugna va más allá de los pasillos del juzgado: se disputa también en el tablero estratégico del turismo canario, donde cada metro de suelo, cada explotación hotelera o cada permiso administrativo puede inclinar el rumbo de dos grupos que durante años compartieron proyectos y ahora cruzan demandas.

Lopesan sigue apostando fuerte con liquidez, músculo turístico e interés manifiesto. Pero el Juzgado de lo Mercantil ha trazado este lunes una línea clara: quien no tenga un interés jurídico legítimo, queda fuera de la sala.

La batalla judicial, económica y empresarial no ha terminado. Pero el partido —por ahora— no lo jugarán todos.