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GRAN CANARIA8.464 familias del sur de Gran Canaria pagan hasta 600 euros al año para proteger al lobby industrial de Las Palmas

8.464 familias del sur de Gran Canaria pagan hasta 600 euros al año para proteger al lobby industrial de Las Palmas

G. H. Maspalomas24h Jueves, 17 de Julio de 2025

El sur de Gran Canaria cuenta con aproximadamente 8.464 núcleos familiares que enfrentan una dura realidad: un impuesto conocido como AIEM que grava con un promedio de 600 euros anuales a cada familia, sumando un total cercano a los 5 millones de euros al año.

 

Lejos de ser un apoyo para aliviar las dificultades económicas, el AIEM se ha convertido en una carga pesada que afecta especialmente a las familias más vulnerables del municipio. Mientras estas unidades familiares luchan por cubrir necesidades básicas como alimentación, vivienda y suministros, sus recursos se ven menguados por este impuesto que, en buena medida, protege a un poderoso lobby industrial asentado en Las Palmas de Gran Canaria.

 

Este gravamen funciona como una herramienta que asegura la financiación y el mantenimiento de grandes industrias, dejando a las familias con un apoyo insuficiente y una presión fiscal creciente. Las familias monoparentales y las parejas con hijos, que conforman la mayoría de los núcleos familiares en San Bartolomé de Tirajana, se ven doblemente afectadas, atrapadas en un círculo de precariedad y exclusión.

 

Además, los trámites burocráticos para acceder a cualquier ayuda derivada del AIEM complican aún más la situación, dejando fuera a quienes más necesitan ese apoyo. La subida constante de impuestos indirectos y tasas municipales vinculadas a este impuesto incrementa los costes de servicios básicos como la electricidad, el agua y el gas, generando un escenario donde la pobreza se perpetúa y se profundiza.

 

Organizaciones sociales y expertos en políticas públicas denuncian que el AIEM no aborda las verdaderas causas de la desigualdad ni mejora las condiciones de vida de las familias. Por el contrario, se utiliza como un mecanismo para favorecer a intereses industriales a costa del bienestar social.

 

El clamor popular en San Bartolomé de Tirajana es claro: se requieren reformas fiscales justas, políticas integrales de apoyo social y un compromiso real para garantizar derechos básicos y un futuro digno para todos sus habitantes.

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