En el despacho de un ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, entre sellos oficiales y pasillos enmoquetados de silencio, se libra una batalla que va mucho más allá de la gestión municipal. No hay barricadas ni sirenas, pero hay conspiración, poder, traición. Lo que ocurre en San Bartolomé de Tirajana no es un simple desacuerdo político: es una fractura expuesta de la democracia de partido en Canarias.

Samuel Henríquez, líder de la oposición municipalista, ha lanzado el guante. Un comunicado, cargado de tensión y advertencias, acusó este jueves directamente a los pesos pesados de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez y Román Rodríguez, de maniobrar en la sombra para expulsarlo del tablero político. Un pacto con Marco Aurelio Pérez, alcalde del PP, sería la pieza clave de esta operación que, según Henríquez, tiene un objetivo: silenciar al adversario incómodo.

Las palabras son claras: "Un pacto de esa vieja política que tanto detesta la ciudadanía". Vieja política, vieja guardia, viejo estilo. Y sin embargo, en 2025, esa fórmula sigue siendo eficaz. Si prospera la solicitud de declarar no adscritos a los cinco ediles municipalistas, perderían voz, recursos, visibilidad. Serían disidentes administrativos, fantasmas dentro del pleno.

Pero la historia no acaba en el comunicado. Según fuentes internas del consistorio, la solicitud no parte de Ramírez sino de Román Rodríguez. Detalle relevante. También se asegura que la decisión no depende del alcalde, sino del secretario municipal, figura jurídica que, por ley, actúa como balanza neutral.

El plazo corre: diez días para alegaciones. Un plazo breve para una lucha larga.

De la fiscalización al fuego cruzado

En los últimos meses, Henríquez ha sido una voz molesta. Ha criticado contrataciones, retrasos, planes urbanísticos. Y no se ha mordido la lengua. La oposición, en San Bartolomé de Tirajana, no es un decorado. Su grupo, Municipalistas Primero Canarias, fue una escisión de NC, y en esa fractura está el origen del conflicto.

Lo que se dirime ahora no es solo la adscripción o no de unos concejales. Es si el poder puede castigar la disidencia con las reglas del propio juego. Si el que se va del partido pierde su voz por decreto. Si la democracia interna en los partidos, esa de la que tanto se habla y tan poco se cumple, puede ser sustituida por purgas burocráticas.

Henríquez lo ve así: "Acaparan las siglas como si fueran de su exclusiva propiedad". Palabras duras que apuntan a una cúpula que no suelta el timón. Una estructura envejecida que, según el edil, no permite renovación ni crítica. Una guerra fría de pasillos que ahora se hace pública.

Canarias, laboratorio político en tensión

San Bartolomé de Tirajana es uno de los municipios más relevantes de Canarias. No solo por su tamaño o presupuesto, sino por lo que representa: turismo, desarrollo, desigualdad, poder. Lo que pase en su ayuntamiento marca tendencia. Y lo que se rompe aquí, no se repara con un titular.

Los pactos entre partidos en la sombra, las reuniones sin actas, las decisiones técnicas disfrazadas de estrategia política... todo eso forma parte del ecosistema canario desde hace décadas. Pero ahora, la transparencia lo convierte en escándalo.

Y aunque pueda parecer un pleito menor entre ediles sureños, lo cierto es que esta historia pone sobre la mesa una pregunta mayor: ¿puede un partido expulsar a sus críticos sin romper con el espíritu de la representación democrática? ¿Hasta qué punto es legítimo usar el reglamento como castigo?

El secretario municipal tendrá que decidir. Pero el juicio político ya está en marcha. Y el veredicto, quizás, lo dicten los votantes en 2027. O la calle, mucho antes.