El precio del agua destinada a riego agrícola en el sur de Gran Canaria ha experimentado una transformación progresiva en las últimas décadas, marcada por la escasez de recursos naturales, el desarrollo de infraestructuras de desalación y tratamiento, y la creciente dependencia de subvenciones públicas.
En las décadas de 1960 y 1970, el agua procedía fundamentalmente de fuentes subterráneas, como pozos y galerías, y de pequeños embalses alimentados por aguas de escorrentía. Las comunidades de regantes, las herederías de agua y diversas sociedades privadas gestionaban la distribución. En este contexto, el precio del metro cúbico de agua oscilaba entre 10 y 30 pesetas (aproximadamente 0,06 a 0,18 euros), aunque en periodos de sequía llegó a alcanzar los 0,48 euros.
El precio actual del agua agrícola varía según su origen: el agua regenerada se sitúa entre 0,25 y 0,45 euros por metro cúbico; el agua desalada sin subvención tiene un coste de entre 0,80 y 1,20 euros por metro cúbico; cuando cuenta con subvención pública, su precio oscila entre 0,60 y 0,90 euros por metro cúbico; y el agua subterránea procedente de galerías privadas puede alcanzar entre 1 y 1,50 euros por metro cúbico en periodos de escasez.
El crecimiento turístico y urbano de las décadas siguientes, especialmente a partir de los años ochenta, incrementó la demanda de agua en la vertiente sur. Se construyeron las primeras plantas desaladoras, inicialmente destinadas al abastecimiento turístico y residencial. El desarrollo turístico desplazó parte del uso agrícola del agua subterránea y modificó la estructura de precios. Durante este periodo, el coste medio del agua agrícola se situó entre los 0,30 y 0,70 euros por metro cúbico, con diferencias notables entre zonas.
Desde comienzos del siglo XXI, el sistema de suministro de agua agrícola se ha diversificado. A las fuentes tradicionales se han sumado el agua desalada y el agua regenerada procedente de estaciones depuradoras.
El sistema de precios se encuentra condicionado por varios factores estructurales: el alto coste energético de la desalación, la disponibilidad limitada de recursos naturales, el estado de las infraestructuras hidráulicas, la fragmentación de la red de distribución y la necesidad de intervención pública mediante subvenciones, principalmente del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Gobierno de Canarias.
El Plan Hidrológico de Gran Canaria contempla medidas para mejorar la eficiencia en el uso del agua agrícola, ampliar la reutilización de aguas residuales y garantizar precios competitivos para el sector primario, especialmente en el contexto de cambio climático y presión sobre el suelo agrícola.
