Mientras los inversores internacionales miden la velocidad del viento en el sur de Gran Canaria, los ayuntamientos de la zona –San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía– afinan la calculadora fiscal. La energía eólica marina, que ya es una realidad jurídica y técnica en Canarias, podría convertirse también en una inesperada fuente de ingresos para unas arcas locales siempre sedientas de liquidez. La clave no está en el mar, sino en la tierra: zanjas, postes, aceras, subsuelo, cableado, y sobre todo, la ocupación de dominio público.
Un informe elaborado por el despacho Garrigues, titulado 'Fiscalidad aplicable a los parques eólicos marinos en España', desgrana con precisión quirúrgica las oportunidades fiscales que se abren para los municipios canarios. Si bien la competencia sobre el mar territorial está reservada al Estado, lo que ocurra en tierra firme —donde terminan los cables y empiezan los intereses locales— es otra historia. Y una con muchos ceros.
Zanjas, aceras y subsuelos: cada metro cuenta
Cualquier infraestructura eólica marina requiere un tendido eléctrico desde el mar hasta las subestaciones en tierra. Ahí empieza el festín normativo: el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) puede alcanzar hasta un 4% del presupuesto de ejecución material, lo que en un parque de 500 millones de euros puede traducirse en hasta 20 millones a ingresar por el ayuntamiento competente, si así lo recoge su ordenanza fiscal.
Pero hay más. Cada apertura de calas, zanjas o calicatas en suelo de titularidad local puede devengar tasas específicas. El vuelo y el subsuelo también se tasan, incluso el uso aéreo de vías públicas para postes o cableado, según lo previsto por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Si el parque eólico requiere un tendido de 10 kilómetros en dominio público municipal, y se establece una tasa de 10 €/m² al año por ocupación de subsuelo o vuelo, hablamos de hasta 100.000 euros anuales por ayuntamiento implicado.
La parte del Estado: canon por el mar ocupado
El Ministerio para la Transición Ecológica también reclama su parte: la ocupación del mar territorial para instalar plataformas o aerogeneradores marinos devenga un canon de 0,006 euros por metro cuadrado al año. Para una planta que ocupe 1 millón de metros cuadrados (1 km²), el canon sería de 6.000 euros anuales. A primera vista, una cifra modesta, pero que se complementa con otros cánones más relevantes: el 8% del valor del terreno o instalaciones ocupadas, incluyendo estimaciones de beneficio futuro.
De hecho, si el concesionario estima un rendimiento de 20 millones anuales por venta de electricidad, y la inversión total supera los 300 millones, el canon estatal puede superar los 24 millones anuales durante la vigencia de la concesión, generalmente de 30 a 50 años. Y eso sin contar el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, con un tipo fijo del 7% sobre ingresos brutos, que engorda las arcas estatales pero que se computa como coste operativo para el promotor.
El sur de Gran Canaria como frontera fiscal
Los ayuntamientos costeros del sur grancanario tienen en sus manos una nueva herramienta de planificación: las ordenanzas fiscales específicas para la eólica marina. Aunque no pueden gravar directamente la instalación en el mar, sí pueden modular las condiciones de acceso a tierra firme. Esto incluye exigir compensaciones urbanísticas, canon por ocupación de suelo rústico o turístico, e incluso negociar en el marco del Plan de Ordenación del Litoral, que sí es competencia municipal.
Algunos juristas ya comparan este nuevo contexto con el de la implantación de las infraestructuras hoteleras en los años 70: quien controla el suelo, controla el flujo del dinero. La diferencia es que ahora no se trata de sol y playa, sino de viento y cobre.
El dilema político: entre el impulso verde y la caja registradora
No todo es entusiasmo. Algunos sectores dentro del PSOE local y regional advierten de un “exceso de fiscalización” que podría disuadir a los inversores. Pero otros, como representantes de Nueva Canarias o Primero Canarias, ven una oportunidad para revertir los beneficios del viento sobre los municipios afectados, más aún si se logra una tasa final de retorno cercana al 15% del total invertido, entre impuestos directos, tasas, cánones y cesiones urbanísticas.
La batalla, como siempre, se jugará en los despachos y en los plenos municipales. Mientras tanto, el viento sigue soplando. Y el sur de Gran Canaria empieza a entender que, esta vez, el dinero no lo traerán los turistas, sino los molinos.
