El documento fue aprobado por el alcalde, Marco Aurelio Pérez (AV) el pasado mes de diciembre pero no se ha hecho público formalmente hasta este mes de julio aunque en la web del proyecto Edusi el que figura es el de 2020 de Concepción Narváez (PSOE). Y es que en el edén de Maspalomas, donde la carne suele ser débil y el espíritu propenso a las facilidades, el Ayuntamiento ha decidido plantar un árbol de la ciencia moral, un compendio de virtudes de papel: el Código Ético y de Conducta para los empleados públicos vinculados, pero solo a los vinculados al proyecto DUSI SBT2020. ¿Y el resto? Un esfuerzo por domesticar la intrincada maraña de la gestión pública con las bridas de la rectitud, la transparencia y esa quimera llamada "interés general".

No es una ocurrencia local, que quede claro. La raíz de este manual de buenas maneras se ancla en el Estatuto Básico del Empleado Público, ese catecismo nacional que dibuja al funcionario ideal: un ser objetivo, íntegro, neutral, responsable, imparcial, confidencial y, por si fuera poco, ejemplar y austero. Una lista de cualidades que, leídas en voz alta en el ambiente saturado de sol y de negocios de la costa sur, suenan a un canto gregoriano en una discoteca.

Los deberes, según este evangelio laico, son tan exigentes como universales. El empleado público de San Bartolomé deberá desempeñar sus tareas con diligencia, velar por el interés general —ese concepto escurridizo— y, por supuesto, actuar con una objetividad que se antoja casi heroica, lejos de cualquier querencia personal, familiar o, peor aún, clientelar. Una cláusula esta última que, en el entramado de cualquier ayuntamiento, es un dardo directo al corazón mismo de las viejas usanzas.

Se les exige lealtad y buena fe, tratar a superiores y ciudadanos con respeto, y abstenerse de cualquier atisbo de discriminación. Nada de tratos de favor, ni privilegios injustificados; no aceptar regalos ni servicios ventajosos que vayan más allá de "los usos habituales, sociales y de cortesía". Una línea muy fina, ciertamente, entre la cordialidad y la corrupción, que solo la conciencia (y el Código Penal) podrá discernir. El funcionario, en este nuevo credo, es un asceta del servicio.

El código, con su letra pequeña y sus grandes aspiraciones, no olvida la transparencia y la honradez. Nada de influir en la agilización de trámites sin justa causa o para beneficio propio o del "entorno familiar y social inmediato". Un espejo que la administración se coloca delante, sabedora de las sombras que a veces se proyectan en la agilidad de los expedientes.

Y luego está el artículo dedicado al secreto y la discreción. Esos asuntos "clasificados" o cuya difusión está prohibida, la información conocida por razón del cargo que no podrá ser usada para beneficio propio ni de terceros. Un recordatorio para quienes, tentados por el poder del dato, podrían ver en él una moneda de cambio o un atajo personal. El deber de conservar los bienes públicos con austeridad, en un municipio que, por su propia naturaleza turística, maneja cifras y lujos que a veces desafían el sentido común.

En definitiva, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha formalizado una declaración de guerra contra la tentación, un pacto con la virtud innegociable. Un catálogo de principios éticos y de conducta que, como todo gran ideal, se enfrenta a la maleabilidad de la condición humana.  Porque, al final, la moralidad, como la arena, puede ser muy fina y escurridiza.