Canarias se consolida como plataforma de atracción para proyectos tecnológicos de vanguardia, pero también como campo de interpretación fiscal en el que el matiz lo es todo. El caso que analizamos lo protagoniza una entidad peninsular del sector de la consultoría y la ingeniería, especializada en gestión territorial, medio ambiente y cartografía, que decidió dar el salto al Archipiélago para liderar, junto a otro socio, un ambicioso proyecto vinculado al uso de aeronaves no tripuladas y a actividades de I+D+i. Lo hizo mediante la constitución de una Unión Temporal de Empresas (UTE), domiciliada en Canarias.

Un proyecto de vuelo alto

El encargo no es menor: el contrato adjudicado a la UTE incluye desde desarrollo de software hasta tareas tan críticas como la extinción aérea de incendios forestales. La entidad consultante posee el 65% del capital social de esta unión, frente al 35% de su socio.

La organización operativa refleja una clara distribución por áreas y territorios. Aunque la UTE abrió un centro de trabajo en Canarias —con una plantilla que oscila entre 10 y 14 personas—, el grueso de la dirección técnica y estratégica permanece en la Península. Tres centros en Madrid y Barcelona lideran el desarrollo del proyecto, mientras en las islas se ejecutan tareas de programación y gestión local. Todo el personal en Canarias actúa siguiendo directrices marcadas desde el continente y carece de funciones de representación o toma de decisiones.

Dos fases, un mismo criterio

El proyecto se articula en dos fases: la primera, de 2024 a 2026, abarca la ejecución técnica contratada por el organismo público adjudicador. La segunda, de 2026 a 2028, se centra en la explotación de los resultados, potenciando la industria aeroespacial canaria mediante campañas de difusión, desarrollo de negocio y compromisos de empleo.

En ambas etapas, los socios refacturan sus costes a la UTE conforme a su porcentaje de participación, lo que permite una trazabilidad clara del reparto económico y operativo.

¿Establecimiento permanente en Canarias?

La gran cuestión fiscal —analizada por el Centro Directivo de Tributos— se resume en si esta estructura empresarial genera o no un “establecimiento permanente” en Canarias, con las consiguientes implicaciones para el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).

La respuesta, tajante: no. El hecho de contar con un centro operativo o empleados en las islas no basta, por sí solo, para que se considere que la empresa consultante se encuentra establecida en el Archipiélago. Lo determinante es la ausencia de una dirección efectiva desde Canarias y el carácter subordinado del equipo local.

La Agencia concluye que ni en la fase de ejecución del proyecto ni en la de explotación posterior se configura un establecimiento permanente a efectos del IGIC. No se generan bienes materiales afectos a la actividad, no hay capacidad de representación en el personal desplazado y las decisiones estratégicas se toman todas desde la Península.

Una lección fiscal para proyectos complejos

Este caso deja una enseñanza clara: en materia fiscal, la forma importa tanto como el fondo. No basta con mirar dónde se encuentran físicamente los trabajadores o los ordenadores. Lo que cuenta es quién decide, quién firma, quién dirige.