Hay algo profundamente grotesco en que el gofio, esa harina tostada que ha alimentado generaciones enteras de canarios desde tiempos prehispánicos, sea hoy víctima de un arbitrio arancelario que se dice protector, pero huele a encierro. Se llama AIEM (Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías) y fue diseñado para defender a la industria local (caso todas ya en manos de extranjeras) frente a la invasión de productos foráneos. Pero en este caso, lo que hace no es proteger, sino blindar con burocracia absurda un producto que no tiene enemigos.

Porque seamos claros: el gofio no se produce en ningún otro lugar de la Unión Europea. No hay fábricas en Baviera, no hay molinos en Marsella ni en Soria. Nadie compite con el gofio canario porque es único. Entonces, ¿qué sentido tiene ponerle barreras a las harinas que “se le parecen”? ¿A quién estamos protegiendo realmente?

El gofio: cifras que desmontan el mito de la amenaza

En 2024, Canarias produjo 6.745 toneladas de gofio. De ellas, más de 5.000 se consumen localmente y otras 1.700 se exportan a mercados tan dispares como Alemania, Japón o Senegal. El gofio es, por tanto, uno de los pocos productos agroalimentarios canarios con identidad propia, demanda exterior y un mercado interno consolidado.

El 83 % de los hogares canarios lo tiene en su despensa. Lo consume de forma habitual el 76,6 % de la población, y más de la mitad (56,3 %) lo hace todos o casi todos los días. En islas como El Hierro o Lanzarote, su consumo diario supera el 60 % de la población.

Es decir: no solo no necesita protección, sino que es un símbolo de resiliencia alimentaria y de cultura viva.

Una definición insultante

Por si fuera poco, el nuevo listado de productos sometidos a AIEM que el Gobierno de Canarias está preparando incluye al gofio bajo una categoría técnicamente absurda: “Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado a base de maíz”.

Así, el gofio —harina tostada ancestral, sin azúcares añadidos, ni proceso de extrusión industrial— acaba equiparado a cereales de desayuno azucarados o barritas energéticas procesadas. Es un error técnico de bulto, y también un gesto político de desprecio a la singularidad de un alimento que no encaja en ninguna categoría más que la suya propia.

Una ficción fiscal que empobrece

La excusa técnica es que el AIEM también se aplica a productos sustitutivos, es decir, aquellos que podrían ocupar el lugar del gofio en el mercado. Pero eso es tan difuso como decir que el sushi compite con las papas arrugadas. Bajo ese argumento, cualquier mezcla de cereales tostados, por artesanal que sea, podría quedar atrapada en la red fiscal del AIEM.

Lo perverso es que esto no fortalece al gofio, lo aisla. Lo convierte en un producto atrapado entre papeles, aranceles y códigos TARIC que ni siquiera los técnicos entienden bien. Mientras tanto, los pequeños molinos siguen con dificultades para modernizarse, exportar o innovar. Porque el AIEM, en la práctica, no estimula la calidad, sino que levanta muros a la competencia, incluso la sana, incluso la que viene de dentro de la propia región.

Canarias contra Canarias

Y aquí viene lo más irónico: si un empresario canario del agro en La Palma quiere traer a Tenerife desde una harina tostada elaborada en la Península que no se llame gofio, tendrá que pagar el AIEM, aunque esa harina no tenga ni la más mínima amenaza para el mercado insular. El sistema desincentiva el comercio interior entre las islas y la Península, y convierte a Canarias en una suerte de protectorado económico dentro de la UE, donde la tradición se protege… a base de parálisis.

¿Protección o servidumbre?

El gofio necesita respeto, proyección y calidad. No necesita un corsé fiscal que le impida competir. No necesita ser tratado como si no pudiera defenderse por sí solo. El AIEM, en su formulación actual, no lo protege: lo infantiliza. Y al hacerlo, condena a la economía canaria a vivir en una burbuja administrativa que hace del atraso una virtud y del miedo a competir una política.