Imaginemos a un inversor extranjero de Reino Unido que apostó por un apartamento en Maspalomas o Playa del Inglés, con la ilusión de generar ingresos por alquileres en el sur de Gran Canaria. Durante años, Hacienda le aplicó un trato desigual: mientras a los de la UE  se les permitían deducciones por gastos del inmueble, él debía asumirlo todo. El pasado 28 de julio, según Vozpópuli, la Audiencia Nacional cambió el guion: la discriminación fiscal hacia los no comunitarios es incompatible con la libre circulación de capitales garantizada por la UE.

Alejandro del Campo, abogado que defiende a estos inversores, explica que muchos habían presentado solicitudes de devolución de ingresos indebidos, solo para recibir la clásica negativa del Fisco. "Ahora Hacienda no solo tendrá que reconocer la deducción de gastos, sino justificar cada objeción que haga. Para quienes invirtieron su dinero en el sur de Gran Canaria, esto es un balón de oxígeno", apunta.

El fallo tiene ramificaciones directas sobre tipos impositivos: el 24% que los no comunitarios deben aplicar frente al 19% de los europeos podría ajustarse, y la reducción fiscal por arrendamiento de viviendas podría elevarse del 50% al 60% también para todos los no residentes. Para el inversor en Gran Canaria, esto significa que su retorno sobre la inversión no se ve recortado por normas discriminatorias.

Esaú Alarcón, socio en Gibernau, destaca que esta situación es “un caso de manual”: iniciar ahora las reclamaciones permite recuperar ingresos de ejercicios fiscales desde 2021 hasta 2026, evitando que prescriban, mientras se espera la decisión definitiva del Tribunal Supremo, prevista para 2027. Para el pequeño inversor, o el gran propietario extranjero que ha confiado en el sur de Gran Canaria, es una oportunidad de equilibrar la balanza tras años de trato desigual.

El escenario no es baladí: el Gobierno prepara un impuesto del 100% sobre la compra de viviendas por no comunitarios. Pero la sentencia de la Audiencia Nacional demuestra que los derechos europeos pesan más que cualquier iniciativa unilateral, y recuerda a Hacienda que no todo vale cuando se trata de proteger a quienes arriesgan su capital en España.
Esta historia es un recordatorio para los inversores: apostar por el sur de Gran Canaria tiene riesgos, sí, pero también puede salir bien si se conoce el terreno legal. Y ahora, con la Audiencia Nacional de su lado, muchos extranjeros podrían ver recuperar lo que legítimamente habían invertido y respirar un poco más tranquilos mientras el sol sigue iluminando las dunas de Maspalomas.