Septiembre se ha convertido en un mes de vértigo para los defensores del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), el impuesto diferenciado que protege a la industria local frente a la entrada de productos foráneos en Canarias. Antes del 30 de septiembre, el Gobierno español —con el PP y Coalición Canaria como interlocutores principales— debe remitir a Bruselas la nueva lista de productos que se benefician de este mecanismo.

La tensión es máxima: todos los actores coinciden en que la Comisión Europea prepara una auténtica “afeitada” al catálogo vigente. En la práctica, eso significa que buena parte de los artículos que hoy gozan de arancel diferenciado podrían quedar fuera del paraguas de protección, justo en un momento en que el motor de consumo lo marca el turismo internacional concentrado en el sur de Gran Canaria.

Una protección convertida en negocio patrimonial

En el plano político y económico nadie discute que la existencia de un impuesto compensatorio es clave para la supervivencia de las pequeñas industrias isleñas frente a la competencia exterior. Sin embargo, la historia reciente del AIEM deja también un reguero de sombras: en Las Palmas de Gran Canaria, numerosos propietarios de empresas familiares han optado por vender sus negocios en cuanto el arancel les garantizó beneficios sostenidos.

De este modo, el AIEM no siempre ha blindado el tejido productivo, sino que en muchos casos ha servido como instrumento para maximizar dividendos y facilitar la colocación de compañías heredadas en el mercado, más que para garantizar la continuidad real de la actividad industrial.

Bruselas prepara el tijeretazo

Los técnicos comunitarios han mostrado repetidamente su escepticismo hacia un esquema que, a su juicio, se ha utilizado para proteger márgenes empresariales antes que empleo o competitividad. En este contexto, la revisión de septiembre se anticipa como un punto de inflexión: menos productos en la lista y mayor exigencia en la justificación de cada exención.

El equilibrio político

PP y CC, con intereses compartidos en mantener el actual modelo, se enfrentan a un dilema de difícil resolución: defender en Bruselas una herramienta fiscal que en Canarias cuenta con detractores cada vez más vocales, mientras los grandes operadores turísticos presionan para abaratar la cesta de consumo en el Archipiélago.

En la práctica, la revisión del AIEM no será solo un pulso técnico con la Comisión Europea, sino un examen político a la coherencia del REF como instrumento de desarrollo económico. Un septiembre negro para los Aiemitas que puede marcar el futuro de la fiscalidad diferenciada en las Islas.