La Inquisición en el sur de Gran Canaria era cosa de valientes. Valientes porque apenas había quien tuviese ganas de poder ejercer el Santo Oficio en Las Palmas y eso que se paga, en reales de la época con la inflación de 2021, 7.140 euros al año. Estaba bien pagado porque en Las Palmas capital un secretario cobraba al año 1.020 euros. Estaba bien pagado pero poca gente quería en 1791 hacerse cargo de la responsabilidad de perseguir aquellas conductas que fuesen contra la norma moral de la época. Quien debió casi de forma forzosa hacerse cargo de la Inquisición en San Bartolomé de Tirajana fue Juan Rodríguez de Vega, que era el cura del lugar antes de ejercer del cargo de "Secretario del Secreto", que era como se llamaba el puesto. Tras De Vega se ocupó de la Inquisición Manuel de Retolaza, en condiciones muy desfavorables, Dionisio Treviño, secretario del Secreto, que estuvo trabajando 41 años en Las Palmas y debido a su avanzada edad no podía trabajar en el sur de Gran Canaria.
Pero tenían trabajo. En 1763, a Antonio de Morales el Brujo, de Tirajana, y a tres mujeres igualmente 'notadas de brujas' se le condenó a 200 azotes y ocho años de presidio en Africa, y a las otras tres a cuatro años de reclusión en la cárcel real "para remediar (...) la causa de Dios", y los interrogatorios a los reos fueron los propios de una causa de fe.
Estos datos se contienen en la investigación académica 'Breve estudio del personal y colaboradores al servicio de la Inquisición en las Islas Canarias a finales del siglo XVIII' de la profesora María Teresa Manescau Martín. La profesora explica que "en el momento en que se redactó el documento, tal y como ya se mencionó, el cargo de secretario de secuestros no lo desempeñaba nadie, tampoco se hacía comentario alguno, simplemente se afirmaba que se encontraba vacante" ya que "pudiera deducirse que el puesto, hasta no hacía mucho tiempo, había estado cubierto por el cura de Tirajana".
A su juicio, "esta circunstancia da idea, una vez más, de los escasos medios con los que contaba el tribunal canario para desempeñar su labor y de los pocos ingresos que por esta vía obtenía. Si no fuera así, con bastante seguridad, el cargo aún estaría cubierto, más aún cuando la persona que lo desempeñaba seguía viva y en activo". Ejercer el control del Santo Oficio en San Bartolomé de Tirajana tenía bajo su jurisdicción una extensa área que controlar. Esta tarea no era sencilla por la orografía del terreno y la extensión del territorio. Estas condiciones dificultaban la labor de los inquisidores y fue necesario contar con la colaboración de personas a lo largo del distrito que actuaran bajo las órdenes de estos y siguiendo sus instrucciones.
El inquisidor decano prosigue en su escrito comunicando que la secretaría de secuestros se hallaba vacía desde mayo de 1791, por la renuncia de don Juan de Vega, presbítero, en ese momento cura de Tirajana. Desde las altas instancias se le animó a buscar una persona que ocupara el puesto, pero no se había encontrado, precisamente, porque era imposible mantenerse con el escaso sueldo con el que estaba dotado, dos mil cien reales. Además, se quejaba el inquisidor de que en ese momento la ciudad de Las Palmas era tan cara como Indias. Los inquisidores, una vez más, acudieron a una orden religiosa en busca de solución y ayuda; en este caso la orden de Santo Domingo. Durante un tiempo su predicador general, fray Agustín Manzano, realizó las funciones de secretario del Secreto, gratificándole por ello.
Lo de la Inquisición en el sur de Gran Canaria era de tal miseria que el funcionario tenía que pagarse la casa. En el sur de la isla prestaban servicios cuando era algo extremo José Domingo Naranjo, natural de Guía; Pedro Tomás de Acedo, presbítero de Arucas, y José Ponce, comisario. "Sin duda, se trataba de los núcleos de población más importantes de Gran Canaria y en los que la Inquisición estaba interesada en tener presencia. En Tirajana Juan Rodríguez de Vega, era el cura de este lugar.
