El Ministerio Fiscal ha presentado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas su escrito de acusación provisional en un procedimiento sumario, solicitando una pena de 11 años de prisión para CRPL. La acusación se centra en hechos presuntamente ocurridos durante la noche del 20 al 21 de abril de 2018 en un domicilio de San Bartolomé de Tirajana, sur de Gran Canaria. 

En ese momento, el procesado se encontraba junto a su pareja, la hija de ambos y la prima de esta, una menor de 12 años, quienes compartían una cama en el dormitorio principal mientras veían una película. La Fiscalía sostiene que, aprovechando que la menor se encontraba dormida, el acusado, cubierto por una manta para no ser visto por su pareja, habría realizado actos que menoscababan la indemnidad sexual de la menor. El Ministerio Público detalla que la menor se habría despertado y apartado la mano del procesado, quien, minutos después y de forma idéntica, habría vuelto a repetir la acción.

Estos hechos son legalmente constitutivos de un delito de agresión sexual a menor de 16 años con introducción de miembros corporales. El Ministerio Fiscal, que considera al acusado como autor del delito, no ve circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Por ello, además de los 11 años de prisión, solicita una serie de penas accesorias que incluyen la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como una medida de libertad vigilada de 8 años. 

Adicionalmente, se pide la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por 8 años y para cualquier profesión o actividad que implique contacto regular y directo con menores, por un tiempo superior a 6 años a la pena de prisión impuesta. Asimismo, se pide una prohibición de acercarse a la víctima o comunicarse con ella a una distancia no inferior a 500 metros durante 18 años. En lo que respecta a la responsabilidad civil, la acusación solicita que el procesado indemnice a la menor con 20.000 euros por los perjuicios sufridos. El caso, que ya había derivado en una medida cautelar de prohibición de aproximación en 2019, ahora se encamina a su fase de juicio oral. Es importante recalcar que, al tratarse de conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, la responsabilidad del acusado será determinada únicamente por la sentencia final de la Audiencia Provincial.