Corría el año 1999 y Román Rodríguez, médico de profesión y futuro fundador de Nueva Canarias, ocupaba la presidencia del Gobierno de Canarias. Con bata blanca mental, decidió que el sur de Gran Canaria necesitaba una moratoria turística. Nadie sabe si era por precaución, por estética o por capricho, pero el resultado fue tan espectacular como inesperado: veinte años después, esa moratoria se traduce en 19.373.700,30 euros que los contribuyentes deben aflojar para Maspalomas Resort SL, ligada a Lopesan, por la parcela APHB-3 del Plan Parcial Meloneras 2-A, donde la compañía soñaba con levantar cinco hoteles. Cinco. Congelados como un suflé en el horno político.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias puso fin al sainete el 2 de septiembre de 2025. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, homologó el acuerdo alcanzado entre la empresa y la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias. María Mercedes Martín, presidenta de la sala, junto a las magistradas María del Carmen Monte y Lucía Padilla, pusieron el punto final al culebrón: archivo del procedimiento, sin costas, que cada uno pague sus propios caprichos.
El origen del conflicto no es ningún misterio: la Sentencia 131/2013 anuló un acto administrativo de la Comunidad Autónoma y reconoció a Maspalomas Resort el derecho a reclamar compensación por la reclasificación del suelo. El Tribunal Supremo dijo “efectivamente, tienen razón” en 2016. Pero he aquí la joya: la moratoria de Rodríguez bloqueó cualquier desarrollo adicional, paralizando inversiones públicas y privadas que superaban los 700 millones de euros. Resultado: un litigio de décadas que finalmente desemboca en una indemnización millonaria, cortesía del contribuyente.
El TSJC detalla que la indemnización asciende exactamente a 19.373.700,30 euros, correspondiente a la parcela conocida como Hotel Golf. Las discrepancias iniciales sobre los cálculos desaparecieron frente a la evidencia: cuando la política congela proyectos, los números no se enfrían, se cocinan en euros contantes y sonantes. El tribunal recuerda, con tono académico pero letal, que la ejecución de sentencias es obligatoria, pero que las partes pueden acordar la forma de cumplirlas. En este caso, el acuerdo fue ratificado: no vulnera la ley ni perjudica a terceros. Se cierra el litigio, sí, pero deja un mensaje claro: cuando un médico se convierte en presidente y congela hoteles, los ciudadanos pagamos la factura, sin anestesia.
¿El futuro del Plan Parcial Meloneras 2-A? Sigue sujeto a debates políticos y ambientales. La indemnización está garantizada, pero las dudas sobre nuevas infraestructuras hoteleras siguen flotando como sombra en la arena. Moraleja: Román Rodríguez pudo curar enfermedades, fundar un partido y dejar su marca en la historia de Canarias. Pero, sobre todo, nos enseñó a todos que los polvos políticos de hace veinte años se convierten, inevitablemente, en millones de euros que alguien debe pagar. Spoiler: siempre es el contribuyente.
