En Maspalomas, donde el 56% de los turistas llega con un paquete combinado, según datos oficiales de las autoridades de Turismo de Canarias. Un dato que no solo refleja la dependencia del destino de las agencias y turoperadores, sino que lo coloca en el centro de la última revisión de la Directiva de Viajes Combinados aprobada por el Parlamento Europeo.

Con 535 votos a favor, los eurodiputados dieron luz verde a la actualización normativa promovida por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO), cuyo objetivo principal es proteger al viajero ante insolvencias de operadores turísticos y situaciones imprevistas, un recuerdo vivo tras la quiebra de Thomas Cook. Maspalomas, con su alta concentración de turistas internacionales contratando paquetes, es uno de los lugares más sensibles a estos cambios: cada año, millones de euros dependen de la seguridad jurídica que ofrezca la legislación europea.

El nuevo texto aclara los derechos de información y cancelación, así como el reembolso y la repatriación en caso de que el operador se declare insolvente. Además, redefine qué se considera un viaje combinado y establece normas armonizadas sobre el uso de bonos, lo que afectará directamente a los paquetes que representan más de la mitad de los visitantes del sur de Gran Canaria. Sin embargo, las patronales de agencias, españolas y europeas, han visto desoídas la mayoría de sus reivindicaciones, excepto la relacionada con la limitación de anticipos.

Según la normativa, los clientes no deberán abonar más del 25% del precio total del paquete si reservan con antelación, quedando el resto pendiente hasta 28 días antes del inicio del viaje. La regulación deja a los Estados miembros la facultad de fijar límites concretos, algo que, en palabras de Catiana Tur, gerente de ACAVE, “puede generar distorsiones de competencia entre países”. En Maspalomas, donde la mayoría de reservas llegan a través de operadores internacionales, cualquier desajuste puede tener un efecto directo sobre la economía turística local.

La directiva también contempla la cancelación sin penalización en casos de circunstancias inevitables o extraordinarias en el destino o lugar de salida. Ana Barluenga, directora de servicios jurídicos de CEAV, advierte que estas medidas implican cargas financieras significativas para los organizadores de viajes combinados, dado que la obligación de reembolso recae sobre ellos, mientras que los proveedores de servicios pueden no estar legalmente obligados a devolver el importe de sus prestaciones si estas se mantienen operativas.

Maspalomas, que depende de la llegada masiva de turistas con paquetes combinados, se prepara ahora para adaptarse a un escenario europeo que prioriza la protección del consumidor por encima de la flexibilidad de los operadores. La implementación final de la directiva, que entrará en fase de negociación con el Consejo a partir del 24 de septiembre, marcará no solo el futuro de la contratación turística, sino también la competitividad de uno de los destinos más emblemáticos del archipiélago.

En un destino donde más de la mitad de los visitantes llegan con todo organizado, desde el vuelo hasta la estancia en hoteles, la nueva directiva europea puede ser tanto un salvavidas para la confianza del turista como un desafío para los gestores locales y los operadores que sostienen gran parte de la economía turística de Maspalomas.