Lunes, 15 de Septiembre de 2025
Maspalomas24h
MASPALOMASPlaya del Inglés y la pesadilla burocrática de los policías que solo querían vivir cerca de la comisaría

Playa del Inglés y la pesadilla burocrática de los policías que solo querían vivir cerca de la comisaría

Gara Hernández Sábado, 13 de Septiembre de 2025

Maspalomas siempre ha sido un paraíso turístico, pero para los policías recién destinados, vivir cerca de la comisaría era hasta hace poco uno de los grandes incentivos laborales: llegar al trabajo sin atasco, bajar del coche y estar en el despacho en segundos. Sin embargo, la Administración canaria, en su infinita creatividad normativa, decidió que algunos apartamentos del sur de Gran Canaria no se pueden usar para eso. Ni para vivir, ni para alquilar a colegas, ni para nada que no sea recibir turistas. Y lo mismo pasa en ámbitos del Poder Judicial. ¿La norma no pudo establecer una discriminación positiva para aquellos que velan que el sur de Gran Canaria sea un destino seguro? ¿Va a pasar como en Morro Jable que se debe recurrir a una Escuela Hogar?

Desde abril de 2023 empezaron a hacerse públicas las primeras sanciones contra propietarios que se atrevieron a usar sus apartamentos como vivienda o segunda residencia. Hasta la fecha, la Consejería de Turismo y Empleo ha multado a decenas de pisos, con sanciones que oscilan entre 2.253 y 9.015 euros según la gravedad de la infracción, alguno de ellos podría ser agente de la autoridad, por “incumplir el deber de atenerse al uso establecido en el planeamiento, destinando dichas unidades a usos residenciales”. En otras palabras: si tu apartamento no está explotado como alojamiento turístico, te toca pasar por caja. El acuerdo para que todo el mundo pueda operar como quiera debe adoptarse por unanimidad y, curiosamente, siempre hay alguien en contra, no responde a las convocatorias o decide no delegar voto.

Complejos como Los Aguacates, Playa del Inglés, se han convertido en el epicentro de esta guerra silenciosa. Muchos propietarios extranjeros, que compraron pisos para usar como segunda residencia o alquilarlos a otros policías, se han encontrado con multas y amenazas administrativas. En esta comunidad, se asegura que las inspecciones son constantes y que la sensación de persecución es generalizada entre los vecinos. Incluso ciudadanos que han habitado sus pisos durante años, pagando impuestos y respetando las normas locales, se han visto obligados a cederlos a empresas explotadoras para no arriesgar sanciones.

El efecto en los agentes es inmediato: vivir cerca de la comisaría dejó de ser un incentivo. Algunos han tenido que mudarse a barrios más alejados, perdiendo tiempo y dinero, y enfrentándose a un estrés añadido que no figura en su descripción de trabajo. La ley canaria de renovación y modernización turística, vigente desde 2013, prohíbe residir en apartamentos turísticos y otorga un monopolio de gestión a las empresas explotadoras, que deciden quién puede usar los pisos y quién no.

Para muchos propietarios, la lógica de la ley es kafkiana: el edificio es “turístico” incluso si lleva décadas habitado por residentes, y cualquier intento de uso residencial se castiga con multas de varios miles de euros. Los hay que, por ejemplo, usan su apartamento seis meses al año y se enfrentan al dilema de pagar sanciones o renunciar a su derecho a residir. El Cabildo de Gran Canaria insiste en que la naturaleza de los inmuebles sigue siendo turística, sin contemplar la convivencia con residentes legales.

Los números no engañan: entre 2009 y 2023, 93.000 plazas turísticas extrahoteleras han salido de las unidades de explotación en Canarias para ser gestionadas por sus propios dueños, provocando pérdidas de 6.367 millones de euros y 1.291 millones menos en recaudación. Y mientras el Estado se frota las manos con sus inspecciones, los policías que deberían gozar de un derecho básico, como residir cerca de su puesto de trabajo, siguen atrapados en un laberinto legal donde el beneficio laboral se ha transformado en un lujo inaccesible. En Maspalomas, entre piscinas, hoteles multilingües y apartamentos que cambian de manos entre extranjeros y residentes, los agentes aprenden a vivir con la ironía: la ley prioriza turistas felices sobre policías descansados. Y mientras tanto, los propietarios se preguntan si no habrán comprado simplemente una ilusión turística, pagada con multas y frustraciones.

 

Más contenido

Con tu cuenta registrada

Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.