El Gobierno de Canarias calcula que el 30% de las viviendas vacacionales deben regresar al alquiler residencial, una decisión que abre un nuevo frente con los tenedores de apartamentos procedentes de la UE y Reino Unido, concentrados en el sur de Gran Canaria. San Bartolomé de Tirajana y Mogán concentran la mayor parte de los propietarios extranjeros de apartamentos turísticos, especialmente de Alemania, Reino Unido, Países Bajos y países nórdicos. Muchos de ellos adquirieron sus inmuebles bajo el paraguas de normativas anteriores, confiando en que podrían destinarlos de forma estable al mercado turístico.
Ahora, la nueva ley de alquiler vacacional de Canarias, que exigirá registro único y podría obligar a miles de viviendas a volver al arrendamiento de larga duración, abre un escenario de inseguridad jurídica. Los inversores denuncian que el marco regulatorio cambia con carácter retroactivo, lo que compromete la rentabilidad de unas inversiones realizadas en un mercado que el propio Gobierno había promovido como motor económico.
La inseguridad jurídica afecta especialmente a los propietarios comunitarios y británicos, muchos de ellos organizados en comunidades de propietarios que gestionan complejos turísticos en el sur de Gran Canaria. La posible retirada de licencias plantea un riesgo de litigios ante tribunales europeos, al poder interpretarse como una vulneración del principio de confianza legítima en las inversiones.
Abogados especializados en derecho inmobiliario en Canarias advierten de que esta situación podría derivar en arbitrajes internacionales o reclamaciones de compensaciones económicas, sobre todo en casos donde las inversiones se hicieron bajo normativa que permitía el uso turístico. El Ejecutivo autonómico justifica la medida en la necesidad de devolver al mercado residencial al menos un 30% de las viviendas vacacionales, con el objetivo de aliviar la falta de vivienda en alquiler para residentes. Sin embargo, en municipios turísticos del sur, el retorno de esas viviendas al mercado de larga duración es incierto.
Los propietarios extranjeros se preguntan: ¿Cómo se gestionarán esos alquileres en un mercado con escasa demanda de residentes en zonas turísticas? ¿Qué rentabilidad real podrán obtener en comparación con el modelo turístico? La falta de respuesta genera la sensación de que el ajuste normativo se ha diseñado sin tener en cuenta la realidad socioeconómica del sur de Gran Canaria.
Un efecto dominó en la inversión extranjera. El sector inmobiliario local teme un efecto desincentivador en la inversión extranjera, que históricamente ha sido un motor para la construcción y rehabilitación de complejos en el sur. Si se consolida la percepción de inseguridad jurídica, muchos pequeños y medianos propietarios europeos podrían optar por desinvertir en Canarias y buscar mercados más estables, como Portugal, Madeira o Cabo Verde.
