El cielo vuelve a cerrarse sobre Canarias. Lo que para otros es un tren o una autopista, para millones de residentes es un avión. Y ese avión, hoy, se ha convertido en un lujo que depende de la política y del pulso financiero de las aerolíneas.

El Congreso ha vetado ampliar a 1.200 millones de euros la partida destinada a cubrir el descuento a los residentes. El Senado había aprobado la medida, pero en la Cámara Baja la puerta se cerró. Resultado: las compañías hablan de “asfixia” y el pasajero insular se siente una vez más rehén de un sistema que nunca se resuelve.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) advierte que, sin medidas inmediatas, la deuda con las aerolíneas superará los mil millones a finales de 2025. El agujero no es nuevo: de 2024 aún faltan 425 millones, y para 2025 se devengan otros 1.250 millones, mientras el Estado solo ha previsto 560 millones en sus cuentas prorrogadas.

El discurso es claro: si no llega el dinero, habrá recortes. Menos rutas, menos frecuencias, billetes más caros. Una amenaza que golpea de lleno a los residentes que viajan para estudiar, para trabajar, para visitar a sus familias. Ellos son los que sienten la presión en cada clic al buscar un vuelo.

Los partidos se acusan. El Gobierno calla. La oposición denuncia falta de voluntad política. Las aerolíneas juegan su partida de presión, y en medio, la conectividad de los territorios extrapeninsulares queda al filo del abismo. El miedo no es abstracto: encarecimiento de billetes, pérdida de turistas, negocios locales que tiemblan en un otoño que ya se anuncia duro.

En los aeropuertos, los viajeros lo saben bien. Se habla de huelgas en Barajas, de paros en Francia que bloquean el tráfico aéreo, de retrasos interminables. Todo suma en el mismo tablero: un sistema que no garantiza lo básico —poder volar en igualdad de condiciones— y que convierte a las islas y a las ciudades autónomas en dependientes de un hilo cada vez más fino.

La crónica vuelve a repetirse año tras año. Se habla de cohesión territorial, de derechos de los residentes, de equilibrio social. Pero en la práctica, todo se reduce a cifras, vetos y comunicados de prensa. La política del aire sigue sin oxígeno, y los residentes siguen siendo los que pagan la factura de un problema que nadie quiere resolver.