La huelga de empleados de Salcai, la empresa que controla el transporte interurbano de pasajeros y turistas en Gran Canaria, estalla en el peor momento: justo cuando se cumplen 25 años desde que la Comisión Nacional de la Competencia advirtió que la compañía no debía operar como monopolio. Hoy, un cuarto de siglo después, los pasajeros siguen atrapados en un modelo cerrado y sin alternativa real.

El aviso ignorado de Competencia

En el año 2000, el extinto Tribunal de Defensa de la Competencia emitió el informe C-56/00 SALCAI/UTINSA, en el que reconocía que la insularidad configuraba un mercado geográfico limitado a cada isla. La conclusión era tajante: el mercado del transporte regular de viajeros en Gran Canaria debía limitarse a operadores de la propia isla, sin posibilidad de extensión a un “mercado autonómico”. Competencia subrayó que la fusión entre Salcai y Utinsa no había alterado nada, porque ambas empresas nunca compitieron entre sí: cada una tenía legalmente atribuido su sector geográfico. El informe advertía que la insularidad era una barrera natural contra la expansión y que el monopolio resultante dejaba a la isla sin competencia posible.

El giro político y el blindaje del monopolio

Pese a ese dictamen, el Consejo de Ministros del PP anuló la creación de Global, pero el poderoso lobby de conductores de guaguas forzó un cambio de rumbo político. La presión laboral y corporativa acabó blindando el control de Salcai, que con el tiempo consolidó su posición como único operador interurbano en Gran Canaria. La CNMC, en su definición posterior, incurrió en una contradicción que persiste: extendió el área geográfica de referencia a toda la Comunidad Autónoma, cuando el servicio, por naturaleza, es insular. La confusión entre competencia administrativa (que sí es autonómica) y mercado real (que es por isla) abrió la puerta a un monopolio de facto que sigue vigente.

Pasajeros rehenes en 2025

Hoy, en plena huelga, las consecuencias son palpables. Colas interminables en San Telmo, Maspalomas y el aeropuerto, turistas varados sin opciones de transporte, residentes atrapados entre esperas y sobrecostes. Gran Canaria vive la misma paradoja que Competencia señaló hace 25 años: un mercado cerrado, cautivo de una sola empresa, mientras las autoridades miran hacia otro lado. La comparación con Baleares, señalada en aquel informe, sigue siendo válida: allí, como en Canarias, la insularidad impide que empresas de diferentes islas compitan entre sí. El error de Competencia fue tratar de dibujar un mercado autonómico único, cuando la geografía dictaba otra realidad. La huelga actual es solo la punta del iceberg. Gran Canaria arrastra 25 años de advertencias ignoradas, decisiones políticas contradictorias y una dependencia absoluta de un operador único. Mientras tanto, los pasajeros –residentes y turistas– siguen siendo los grandes rehenes del transporte de pasajeros.