La colaboración entre el Gobierno de Canarias, del Partido Popular Europeo, en Alemania vendría a ser la CDU, por ejemplo, gestiona la ordenación del turismo, y Airbnb ha eliminado más de 10.000 alojamientos turísticos irregulares, un movimiento que, además de regular el sector, arrincona al electorado del sur de Gran Canaria, donde el alquiler vacacional irregular representa una fuente significativa de ingresos para pequeños propietarios. Y este martes la Administración autonómica se ha vanagloriado de ello.

En abril de 2025, el director general de Airbnb Marketing Services, Jaime Rodríguez de Santiago, declaró que "este acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Canarias y Airbnb supone un paso adelante fundamental en la implementación del nuevo marco europeo para los alquileres de corta duración. Además, ejemplifica los esfuerzos de Airbnb por fortalecer su colaboración con ciudades y gobiernos en España, con el objetivo de asegurar que la transición hacia las nuevas normativas de la UE sea exitosa para todos". Además, Rodríguez de Santiago dijo que Airbnb pondría en marcha una campaña dirigida a la comunidad de anfitriones en el sur de Gran Canaria, al igual que en resto de destinos, que incidiría especialmente en las nuevas normativas europeas y en los requisitos de registro y licencia, que serán obligatorios en España de acuerdo con el nuevo contexto legislativo.

“El objetivo es claro: afrontar un problema que ha afectado al equilibrio del modelo turístico de Canarias. La eliminación de la oferta ilegal en plataformas es solo la primera etapa; la intervención directa mediante inspección y clausura consolidará un modelo turístico sostenible”, explicó Miguel Ángel Rodríguez (PP), director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística.

El Memorándum de Entendimiento firmado el 9 de abril ha permitido depurar la oferta que no cumplía con la normativa. “Lo que hace un año ocupaba titulares en la prensa, como tiendas de campaña en azoteas, minicampings en locales comerciales o furgonetas camperizadas, ya no está presente en Airbnb y pronto tampoco estará en otras plataformas con las que seguimos dialogando”, afirmó la consejera Jéssica de León.

Airbnb ha reforzado su compromiso con la regulación: “Este es un nuevo capítulo para Airbnb en las Islas Canarias, definido por colaboración, calidad y crecimiento sostenible”, dijo Sara Rodríguez, Directora de Políticas Públicas para España y Portugal. La plataforma notificó a todos los anfitriones sobre la necesidad de registrarse y ofreció recursos de orientación para cumplir con la legislación.

La medida se produce antes de la entrada en vigor del Reglamento europeo sobre arrendamientos de corta duración, y forma parte de un plan más amplio que incluye la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, actualmente en tramitación parlamentaria, que prevé inspecciones, sanciones y clausuras para asegurar el cumplimiento de la normativa. Si bien el Gobierno lo presenta como un avance para la sostenibilidad y convivencia, en el sur de Gran Canaria sectores locales advierten que la medida impacta directamente en pequeños propietarios y trabajadores dependientes del alquiler vacacional irregular, reforzando la percepción de que el PP prioriza el control regulatorio sobre su base social histórica en la zona.