Se acerca la feria World Travel Market de Londres de noviembre de 2025 y los turoperadores comienzan a perfilar retos de fidelización al destino. Tras más de una década de abandono y litigios, la demolición del centro comercial Metro en Playa del Inglés está más cerca de convertirse en realidad. La comunidad de propietarios ha aprobado esta semana una derrama de 800.000 euros destinada a redactar el proyecto de demolición y ejecutar posteriormente la obra, según han confirmado fuentes próximas a los titulares de los negocios del inmueble.
El objetivo de la comunidad es cumplir con la orden de demolición emitida por la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, respaldada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El TSJC declaró en septiembre de 2022 la situación de ruina del edificio y ratificó la obligación de derribo tras desestimar en marzo de 2025 el recurso interpuesto por la sociedad Esquina Alemana de Juan Marrero Santana.
El plan previsto por los propietarios consiste en presentar el proyecto de derribo durante este verano, de manera que el Consistorio pueda examinarlo y otorgar la licencia a principios de septiembre. La idea es iniciar la demolición antes de que finalice 2025 y, una vez completada, vallar el solar de 4.500 metros cuadrados que quedará en pleno corazón de Playa del Inglés. Sin embargo, aún persiste la incógnita de cómo se recaudarán los fondos entre el centenar de comuneros implicados, un desafío que la comunidad espera resolver para cerrar un asunto que se prolonga ya con cerca de 14 años.
El edificio, prácticamente clausurado desde 2012, presenta graves deficiencias estructurales que incluyen riesgos de desprendimiento en los techos del sótano y daños en los muros de contención, según múltiples informes municipales. La situación empeoró tras el incendio de 2013, aunque cinco locales en la planta alta aún permanecen abiertos, ofreciendo una estampa de abandono y vulnerabilidad en el centro turístico.
El largo periplo legal comenzó en 2013, cuando la comunidad de propietarios reclamó al Ayuntamiento la declaración de ruina, respaldada por informes técnicos de 2012. En 2021, el TSJC obligó al Consistorio a iniciar el expediente formal, que culminó un año después con el decreto de ruina y la orden de demolición. Un informe del arquitecto Rafael Redondo Peñaranda, incorporado al expediente, constató fisuras y problemas estructurales que justificaban la medida.
En 2024, Urbanismo ordenó tapiar las plantas bajas del edificio, y tras la firmeza del decreto de ruina en marzo de este año, se solicitó a la empresa Vías y Obras cerrar todos los accesos, lo que afectará a los últimos locales abiertos. Fuentes municipales han explicado que el Ayuntamiento carece de medios propios para ejecutar el cierre, por lo que se baraja la contratación de una empresa externa. Con esta derrama y en verano pasado se hablaba de la presentación inminente del proyecto de demolición, el centro comercial Metro cerrando un capítulo de abandono y litigios en pleno núcleo turístico de Playa del Inglés y liberando un espacio estratégico para el futuro urbanístico del sur de Gran Canaria.
