El sur de Gran Canaria, esa costra de tierra rodeada de océano, sufre hoy no por falta de oleaje sino por falta de juicio fiscal. El proyecto de orden que fija los módulos del AIEM para 2026 es un fósil administrativo que el Gobierno pretende mantener con ligeras correcciones, como quien repone pintura en una fachada que resquebraja su estructura. Pero la grieta es profunda, y lo que está en juego no es un porcentaje más o menos, sino la dignidad económica de un archipiélago que carga con una doble letanía: el insularismo y la imposibilidad de competir en igualdad. Aquí tienes donde presentar alegaciones hasta el 21 de octubre. Ningún comunicado oficial ha informado de la exposición del arancel que tanto preocupa a la DG Grow de la Comisión Europea porque los aiemitas siempre habían dicho en Bruselas que en las islas estaba todo el mundo a favor de este tributo antifamiliar y antiturístico.
Se habla, en un texto firmado por el empresario y ahora viceconsejero de Hacienda Gabriel Mejías de igualdad de género, infancia y familia en el informe: se afirma que el AIEM no les afecta. Pero no hace falta una línea normativa para que se sienta en el plato del desayuno, en el coste de la eliminación del equipaje escolar, en el precio del menú que devora el bolsillo después del turismo. En una isla pequeña, cada arancel cala en el bolsillo doméstico como una marea fina. Los gobiernos regionales suelen esgrimir el Régimen Económico y Fiscal (REF) como escudo, como excusa, como red de sostén. Pero un escudo agujereado no protege nada. Desde que el AIEM existe, ha generado una renta burocrática para quienes gestionan el flujo impositivo, no una ventaja competitiva para quienes viven de producir o comerciar.
El informe justificativo apenas mueve cifras contables; sin embargo, cada euro recaudado hunde una cantera de margen en las pymes que importan suministros, ingredientes o bienes de capital. Este AIEM que se presenta como 'protector del productor local' no es más que una aduana interna disfrazada. Una barrera burocrática que, en tiempos de cadenas globales, encarece la entrada de bienes indispensables para producir, vender o servir. El coste de traer un repuesto, una herramienta, una pieza tecnológica o incluso alimentos perecederos ya es una losa salvaje por la geografía; sumarle un impuesto insular es convertir al productor isleño en súbdito de un sistema que le cobra por respirar.
Porque lo peor no es el arancel en sí: es su función simbólica. Es la declaración tácita de que Canarias no puede competir. Que debe refugiarse detrás de un muro impositivo. Que los mercados exteriores deben pagar por su presencia. ¿Y quién paga ese muro? El ciudadano, el hostelero, el pequeño importador que no puede alegar “protección” sino “sobreprecio”.
La reforma auténtica no está en remendar los módulos. No basta con cambiar cifras sobre papel y llamar “modernización” a un acomodamiento leve. Lo que hace falta es repensar el tributo: revisarlo, limitar su aplicación, transferir su costo hacia quienes sí pueden soportarlo —los que comercian en grandes volúmenes— e incluir excepciones reales para la importación de insumos productivos. Porque el verdadero enemigo no es la importación, sino el impuesto que castiga la vida isleña. Mantener el AIEM sin una reforma profunda es seguir diciendo: “este territorio no puede competir”. Y escribirlo no como una sentencia, sino como un recuerdo. Mañana Canarias podría ser una isla que produce con menos trabas, pero hoy vuelve a demostrar que, en el laberinto fiscal, hasta el viento debe pagar peaje.
