La Fiscalía ha solicitado formalmente la apertura del juicio oral contra once personas en el marco de un procedimiento instruido por el Juzgado de Instrucción 3 de San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria, por su presunta implicación en la distribución de sustancias estupefacientes.

El escrito de acusación, presentado ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, detalla que los acusados, entre ellos MA, alias “Mito”, JMGS, alias “Ceja”, y AJMT, alias “Fofi”, habrían conformado un grupo criminal con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la venta de drogas. Según la Fiscalía, los investigados operaban en Santa Lucía de Tirajana desde agosto de 2021 hasta marzo de 2022.

El documento judicial al que ha tenido acceso Maspalomas24H describe la estructura jerárquica del grupo: MA habría dirigido y coordinado las actividades; otros acusados se encargaban de la logística y distribución; mientras que LM financiaba la compra de las sustancias. Se señala además a AJIG, alias “Boxer”, quien operaba de manera independiente pero con idénticas finalidades ilícitas.

Durante las diligencias, autorizadas por el juzgado el 11 de marzo de 2022, se realizaron registros domiciliarios que permitieron incautar casi 366 kilogramos de resina de cannabis y otras drogas, junto con casi 13.000 euros en efectivo entre los acusados principales, y más de 45.000 euros a AJIG. Los análisis confirmaron la presencia de cocaína, MDMA y anfetaminas de alta pureza.

La Fiscalía atribuye a los acusados la comisión de delitos de grupo criminal y contra la salud pública, tipificados en los artículos 368, 369, 374 y 570 del Código Penal. La acusación solicita para los principales integrantes penas de hasta seis años de prisión y multas superiores a 1,4 millones de euros, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Para AJIG se proponen tres años de prisión y multa de 7.006 euros, con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago.

Asimismo, se solicita el comiso de la droga, balanzas y dinero intervenido, y la destrucción de las sustancias, conservando muestras para garantizar análisis posteriores. El caso, que refleja la actividad delictiva en el sur de Gran Canaria y la respuesta de las autoridades judiciales y policiales, se encuentra ahora a la espera de fijar fecha para el juicio oral ante la Audiencia Provincial, donde se determinará la responsabilidad penal de los acusados y las sanciones correspondientes.