Es como el arancel que vive del turismo del sur de Gran Canaria. En Martinica, llenar el carro del supermercado se ha convertido en un lujo. Según el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee), los precios de los alimentos en la isla son un 40 % más altos que en la Francia continental. El dato resume un problema estructural que va más allá del poder adquisitivo: refleja un modelo económico ultraperiférico donde el coste de la vida crece más rápido que los salarios. En Canarias la versión oficial dice que no, que en el sur de Gran Canaria no tiene impacto. 

El debate francés tiene eco en el Atlántico. En Canarias, donde rige un modelo similar —el AIEM—, industriales y autoridades defienden el sistema como garantía de producción local, mientras que críticos alertan de que favorece a grupos empresariales ya deslocalizados. Bruselas, a través de la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW), ha pedido a España explicaciones ante el creciente malestar social y el aumento del euroescepticismo en las islas.

Tanto en Martinica como en Canarias, el dilema es el mismo: cómo equilibrar la protección económica con el derecho de los consumidores a pagar precios justos. En el Caribe francés, la respuesta se mide en euros y en paciencia. "Aquí, un supermercado no es solo un lugar donde se compra —resume un residente de Fort-de-France—. Es donde se siente cuánto vale vivir lejos de Francia".

El informe, publicado en julio de 2023, señala que el conjunto de los precios al consumo en Martinica es un 14 % superior al del hexágono, un diferencial que no deja de ampliarse desde 2010. En productos básicos, la distancia es abismal: la carne, los productos lácteos y las frutas son los más afectados por sobrecostes derivados del transporte, la dependencia de las importaciones y los aranceles locales —el octroi de mer, equivalente al AIEM canario—. “El sistema está pensado para sostener las finanzas locales, pero termina castigando a los consumidores”, explica Maurice Bilionière, economista del Insee y coautor del estudio junto a Zinaïda Salibekyan-Rosain.

El precio de la insularidad

Los martiniqueños dedican el 14 % de su presupuesto familiar a la alimentación, frente al 15 % en la Francia continental, pero pagan mucho más por los mismos productos. Los derechos de importación —que pueden alcanzar el 15 % del coste de entrada en algunos artículos como bebidas no alcohólicas— y la escasa producción local amplifican las diferencias: solo el 17 % de la carne consumida en la isla se produce allí. A la alimentación se suman otros sectores con precios disparados: las telecomunicaciones (+37 %), el ocio y la cultura (+14 %) y la salud (+13 %). En cambio, los gastos en transporte son un 5 % inferiores, gracias al menor coste de los carburantes y la menor distancia recorrida por los hogares. El Insee advierte que la brecha de precios entre Martinica y el continente se ha ensanchado cuatro puntos desde 2010, impulsada por la inflación en alimentos importados y por un patrón de consumo que apenas puede adaptarse a los precios locales.

Un sistema impositivo en revisión

El octroi de mer, tributo heredado del Antiguo Régimen y reformado en 2022, representa hasta el 80 % de los ingresos municipales en territorios como Mayotte y más del 40 % en Martinica. Su función oficial es proteger la producción local frente a la competencia exterior, pero los resultados son desiguales. Solo algunos sectores —como el de productos lácteos, con un 64 % de producción local— han logrado mantener cierta autonomía. La presión social y el malestar juvenil en los departamentos franceses de ultramar han llevado al Gobierno de París a estudiar una revisión del sistema, que podría incluir deducciones equivalentes al IVA y excepciones sectoriales para la restauración y la óptica. “No se puede hablar de igualdad republicana cuando un litro de leche cuesta casi el doble en Fort-de-France que en Marsella”, lamenta Nadia Damardji, consultora de Action Publique Conseil.