Un año después de las protestas en las regiones ultraperiféricas (RUP) francesas contra el impuesto local sobre las importaciones, París se dispone a ajustar el llamado octroi de mer, equivalente francés del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM) que rige en Canarias. La presión social y el creciente malestar juvenil han llevado al Gobierno francés a considerar reformas, incluyendo la posibilidad de un impuesto deducible similar al IVA, que aumentaría la transparencia y reduciría el coste de los productos sin afectar la recaudación local. La decisión final sobre el octroi de mer podría marcar un precedente para Canarias, donde el AIEM sigue siendo objeto de debate entre industriales y autoridades. En Canarias, con 2,2 millones de habitantes, no hay asociaciones de consumidores porque estarían en la órbita de la láctea JSP, que quebró, o dopadas por los aiemitas.
En paralelo, en el archipiélago canario el debate sobre el AIEM también gana relevancia. La Dirección General de Mercado Interior e Industria (DG GROW) de la Comisión Europea ha solicitado explicaciones a España tras recibir quejas que alertan de un aumento del euroescepticismo y del malestar social de jóvenes, derivado de un sistema que, según críticos, “favorece a empresas que ya no son locales o que han desaparecido”. La oposición al arancel en Canarias opera mayoritariamente en redes sociales, sin representación visible en los medios tradicionales. Perseguida.
Cadenas como Lidl, Carrefour, Auchan-Alcampo o Aldi han debido posicionarse dentro de la narrativa de la 'soberanía alimentaria' canaria para no sufrir campañas de acoso por ser 'de fuera' (en Carrefour en Canarias apenas hay queso no toca a la venta, hay hasta Gouda canario), mientras que Hiperdino —operador líder local en superficie comercial— se beneficia de la percepción de proximidad y servicio al consumidor. Con Francia considerando ajustes en su sistema fiscal, la atención se traslada a Madrid: Bruselas vigila si España seguirá el ejemplo francés o mantendrá un AIEM que, según los críticos, combina proteccionismo industrial histórico con tensiones sociales actuales.
El Ejecutivo francés ha anunciado que "precisará las operaciones imponibles", abriendo la puerta a excepciones para sectores como la restauración y la óptica, dos de los más afectados por los sobrecostes en los departamentos ultramaarinos y que en Canarias, al ser un destino turístico líder, tiene gran incidencia en las familias y pequeñas empresas. La medida llega tras un año de inestabilidad política en París y en medio de la presión de alcaldes y empresarios locales sobre el impacto del tributo en el poder adquisitivo.
Según un informe conjunto de la Asociación de Alcaldes de Francia (AMF) y la Asociación de Municipios y Comunidades de Ultramar (ACCD’OM), el octroi de mer —vigente desde el Antiguo Régimen y reformado en 2022— representa, en promedio, solo el 4,4 % del precio final de los productos, aunque los precios en los territorios ultraperiféricos superan entre un 9 % y un 16 % a los de la Francia continental, con picos de hasta el 40 % en alimentación.
“Los principales factores del encarecimiento son la estructura oligopólica de la distribución y los costes logísticos derivados de la insularidad”, explica Nadia Damardji, directora de la consultora Action Publique Conseil (APC), autora del estudio. El informe también pone de relieve desequilibrios sociales: los salarios en las RUP son, de media, un 28 % inferiores a los del hexágono, con brechas significativas entre funcionarios y población desempleada. “El mercado está organizado para responder al poder adquisitivo de quienes participan del sistema formal. Para el resto, la cesta de la compra se ha vuelto un lujo”, subraya Damardji. El octroi de mer recaudó 1.545 millones de euros en 2023 —1.112 millones para los municipios, 389 millones para las regiones y 44 millones para Mayotte—, representando aproximadamente la mitad de los ingresos locales y hasta el 80 % en Mayotte.
