Con el cierre del ejercicio fiscal en el horizonte, las empresas en Canarias se enfrentan a la planificación final de sus dotaciones a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC). A juicio del despacho fiscal líder en zonas turísticas del sur de Gran Canaria, Constantino 13, de Las Palmas, la entrada en vigor de la Ley 6/2025, que permite por primera vez materializar la RIC en la adquisición o construcción de viviendas destinadas al alquiler habitual, ha reescrito las prioridades de inversión, especialmente para el corporate con intereses, por ejemplo, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas).
La clave para el Director Financiero (CFO) ahora mismo es la fecha. Las dotaciones a la RIC deben materializarse en un plazo legal estricto. La nueva norma permite que las inversiones en vivienda de alquiler sean aplicables a dotaciones de la RIC que se hayan realizado en ejercicios anteriores, siempre que se cumplan los plazos normativos. Sin embargo, para las inversiones puramente nuevas, el reloj corre: la reforma solo aplica a viviendas adquiridas o construidas a partir del 1 de enero de 2025. Esto significa que las empresas que busquen optimizar su tributación con esta nueva vía tienen que asegurar que la adquisición (o el inicio de la construcción) se concrete y se estructure legalmente antes de cerrar el año contable.
"En nuestra firma, con más de cuatro décadas de experiencia en el asesoramiento fiscal, jurídico y empresarial en Canarias, consideramos que esta modificación del REF constituye una oportunidad estratégica tanto para empresas como para profesionales que desarrollan o desean iniciar una actividad de arrendamiento de vivienda. La complejidad de la normativa tributaria exige un análisis detallado y personalizado de cada caso. Por ello, es fundamental estudiar las implicaciones fiscales concretas, así como la mejor forma de estructurar la inversión para garantizar su correcta materialización y evitar contingencias futuras", señala el despacho.
En un mercado inmobiliario tan tensionado como el de Maspalomas—un polo de atracción de capital extranjero y alta rentabilidad, como se ha analizado en crónicas previas—, la nueva materialización de la RIC es un factor de cambio: La norma exige que la empresa cuente con al menos un empleado a jornada completa y exclusivo para la actividad de arrendamiento. Esta condición obliga a las empresas a crear una estructura de 'build-to-rent' corporativo, lo cual reduce la inversión especulativa y favorece la creación de empleo estable.
Veto a la Inversión 'Zombie': Al exigir que la vivienda no haya estado previamente arrendada en el año anterior, se asegura que el incentivo fiscal se use para inyectar nueva oferta en el mercado de alquiler residencial de la isla, no para capitalizar activos existentes. Para los grupos hoteleros o constructoras con beneficios generados en el Archipiélago, la RIC se convierte en un vehículo de estabilidad patrimonial, permitiendo destinar el ahorro fiscal a un activo tangible con potencial de rentabilidad sostenida en una ubicación prime como el sur de Gran Canaria.
La Importancia del Asesoramiento 'Just in Time': Dado que esta modificación es reciente (Ley 6/2025, publicada el 29 de julio de 2025), la seguridad jurídica es crucial. La complejidad de la normativa exige un análisis detallado para evitar contingencias fiscales futuras. Las empresas deben asegurar que la estructura legal de su actividad de arrendamiento cumpla con todos los requisitos laborales y temporales (arrendamiento en un plazo máximo de seis meses; ausencia de vinculación con el arrendatario). Con el fin de año acercándose, un análisis fiscal y legal personalizado resulta indispensable para garantizar que las dotaciones de la RIC se materialicen con total eficacia, optimizando el ahorro fiscal de la empresa en el último tramo del ejercicio.
