El conflicto por el destino de dos orcas en Francia ha escalado a una batalla legal y política por la transparencia en España. El Grupo Loro Parque ha formalizado un contencioso administrativo contra la Autoridad Científica (CITES) española, dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), acusándola de opacidad por negarse a publicar un informe clave que bloquea el traslado de los cetáceos a Tenerife.

El telón de fondo es la crisis del acuario francés Marineland, cerrado definitivamente y con dos orcas en peligro, dada la amenaza de colapso de sus instalaciones. Loro Parque se ofreció como el único santuario viable en Europa. Sin embargo, la Autoridad Científica Española CITES, según denuncia el parque, ha emitido una recomendación contraria al traslado, pero se niega a mostrar el dictamen que supuestamente la sustenta, vulnerando la Ley de Acceso a la Información Ambiental.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, no ha dudado en tildar la situación de inverosímil y la opacidad de la CITES de inaceptable, especialmente cuando está en juego el bienestar de los animales. El movimiento legal no es casual: es un choque institucional entre el criterio regional y el poder burocrático central.

Mientras Madrid guarda silencio, el Gobierno de Canarias ha emitido dos informes técnicos, firmados por sus direcciones de Ganadería y Espacios Naturales. Estos documentos avalan sin fisuras el historial de Loro Parque en bienestar animal, su cumplimiento normativo y, crucialmente, su capacidad demostrada para acoger a las orcas, señalando el traslado a Tenerife como la mejor solución para evitar la eutanasia en Francia. "Dos informes independientes del Gobierno de Canarias avalan el historial de Loro Parque en materia de bienestar animal, el cumplimiento de las normativas europeas y nacionales, y su capacidad demostrada para albergar orcas".

El parque tinerfeño insiste en que, siendo un dictamen que evalúa sus propias instalaciones, el documento les afecta directamente y constituye información medioambiental de acceso público. La falta de respuesta desde el 12 de junio de 2025 al director del MNCN evidencia, para Loro Parque, una estrategia de bloqueo injustificada.

La disputa va más allá de un simple conflicto entre un zoo y un burócrata. El traslado de las orcas francesas, de concretarse, sería una victoria política y de prestigio para Canarias y para Loro Parque, reforzando su imagen internacional como centro de conservación de élite. Al negarse a transparentar su informe, la CITES española mantiene a las orcas en un limbo de "total incertidumbre" y abre la puerta a la opción más trágica que se plantea en Francia: la eutanasia. Esta negativa no solo viola la ley de transparencia, sino que fuerza al Gobierno francés a sopesar opciones que los informes canarios consideran ética y científicamente inferiores.

La demanda contenciosa y el requerimiento ante el Consejo de Transparencia son la respuesta de Loro Parque para forzar a la burocracia madrileña a rendir cuentas. Es la constatación de que en España, incluso las decisiones que afectan a especies protegidas quedan atrapadas en la opacidad de los informes técnicos no publicados y en el conflicto soterrado entre las administraciones. La pelota, ahora, está en el tejado de los tribunales.