La publicación en el BOE de la Resolución de 13 de octubre de 2025 no es un mero trámite burocrático; es una llamada de alarma sobre la parálisis administrativa que azota al corazón financiero de Gran Canaria. El Concurso Unitario para proveer plazas de funcionarios de habilitación nacional—los secretarios, interventores y tesoreros—expone al público la crónica de una disfunción crónica en los municipios que gestionan la caja registradora del turismo insular. El Sur de Gran Canaria, el epicentro de la riqueza canaria, tiene sus palancas de mando vacías, interinas o cubiertas con parches.
La lista de vacantes es un mapa de la debilidad institucional en los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas), Mogán y Santa Lucía de Tirajana. Estos funcionarios, que actúan como diques de contención legal y económica, llevan años ausentes, lo que crea un caldo de cultivo ideal para la inestabilidad política y el riesgo fiscal. La Secretaría de Santa Lucía de Tirajana, por ejemplo, lleva formalmente vacante desde ¡1991! Un caso extremo de parálisis estructural en un municipio con el peso poblacional e industrial de Vecindario, donde el puesto clave de legalidad se cubre por acumulación durante décadas.
La situación se repite en los gigantes turísticos. Mogán tiene su Intervención vacante desde 2018 y su Secretaría desde 2016, cubiertas provisionalmente. En San Bartolomé de Tirajana, el principal polo turístico de la isla, la Secretaría y la Vicesecretaría están cubiertas por nombramientos accidentales o prórrogas, puestos decisivos para gestionar la legalidad de los planes de modernización en Playa del Inglés y Maspalomas, zonas que mueven miles de millones de euros.
La entrada de funcionarios titulares en estos ayuntamientos tiene implicaciones que van más allá de la simple gestión. El secretario, el interventor y el tesorero son los contrapesos legales que pueden paralizar decisiones políticas, auditar desvíos presupuestarios y dar el visto bueno a los contratos que sustentan el negocio turístico. Mogán, con su Intervención vacante desde 2018, necesita desesperadamente un interventor titular para poner orden en las cuentas de su creciente holding turístico.
El Concurso Unitario de 2024-2025 ofrece una ventana de oportunidad para cortar el cordón umbilical de la interinidad. Si las plazas se cubren con habilitados nacionales con experiencia y autonomía, la capacidad de las alcaldías para operar con discrecionalidad se verá seriamente limitada. Es, en esencia, una lucha de poder entre la necesidad de gobernabilidad política y la exigencia de rigor técnico y legal. La publicación en el BOE no solo busca cubrir plazas; busca instalar fiscales permanentes en la caja fuerte del Sur de Gran Canaria. Es una prueba de fuego para la voluntad de estabilidad del poder local canario.
