Lopesan tiene un ejército de aduladores en Las Palmas, toda la vida persiguiendo al turismo de Maspalomas, que cuando hace falta que hagan networking se esconden. Al final, lo que hace la cadena de capital canario es pagar para que la maltraten. Grupo Lopesan, la columna vertebral del sector turístico y empresarial en el sur de Gran Canaria, se encuentra en el centro de una virulenta polémica que trasciende la mera infracción urbanística para tocar dos pilares esenciales del modelo de negocio canario: la seguridad pública y el acceso al litoral. La contundencia del atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil no sólo denuncia las obras en el campo de golf de Meloneras, sino que lanza una incómoda pregunta al poder político local: ¿Está la ambición empresarial socavando la legalidad y poniendo en riesgo a terceros?

Lopesan, como principal empleador y desarrollador del resort de Meloneras, opera bajo la premisa de que su inversión es sinónimo de progreso y calidad. La mejora de su campo de golf se enmarca en la necesidad de mantener la competitividad de la oferta de alto standing que atrae al turista de mayor poder adquisitivo. Desde esta óptica, las obras realizadas—el relleno de barrancos y la construcción del dique en la desembocadura del Barranquillo del Hornillo—pueden ser interpretadas por la empresa como medidas de ingeniería necesarias para optimizar la explotación del suelo y proteger las infraestructuras turísticas existentes. En un entorno de crecimiento y competencia, la capacidad de hacer y ejecutar rápidamente es clave.

La acusación de que el dique de 45x8 metros impide el desagüe natural del barranco, creando un "peligro ante lluvias torrenciales", traslada el problema del ámbito administrativo al de la seguridad pública. Lopesan tendrá que demostrar con urgencia que sus obras no comprometen la vida ni el patrimonio de la zona, un área densamente poblada de turistas y residentes. El coste de imagen por asociar su marca a un potencial "riesgo para la integridad física" es catastrófico. La denuncia de un "cierre del acceso público al mar" en la Playa del Hornillo y la "privatización encubierta" de la playa es, en términos políticos, un golpe directo a la licencia social del grupo. En Canarias, el acceso al litoral es un derecho sagrado. Al obstaculizar el camino público, Lopesan no solo viola la Ley de Costas y el planeamiento municipal, sino que alimenta el relato de que los grandes lobbies turísticos actúan por encima de los intereses de la ciudadanía.

El atestado de la Guardia Civil no sólo pone a Lopesan contra las cuerdas por destruir un cauce público y comprometer la seguridad. Lo que realmente se está juzgando es el coste de la expansión económica desregulada y hasta qué punto el poder de una empresa, por muy vital que sea para la isla, puede desafiar las normativas que protegen el patrimonio natural y los derechos ciudadanos. Para mantener su estatus de motor económico de Canarias, Lopesan debe demostrar que su prosperidad no se construye sobre cimientos ilegales ni barrancos sellados. Para eso tiene a la tropa que paga.