¿Prica cree que Coalición Canaria en el sur de la isla solo piensa en alianzas con ellos descartando a Nueva Canarias? Eso parece. El corazón económico del turismo canario, San Bartolomé de Tirajana, no solo está lidiando con escándalos de obra mayor (véase el caso Lopesan) y el asalto de ALSA al transporte, sino que sufre una enquistada inestabilidad política que pone en peligro la capacidad de gestión del bloque nacionalista en el municipio. La batalla legal entre Nueva Canarias (NC) y sus exconcejales es menos un pleito de partidos que un síntoma de que la política local se ahoga en sus propios conflictos, incapaz de centrarse en los desafíos reales del motor económico de Canarias. Y eso que los de NC y Prica no gobiernan.
La decisión del secretario municipal de no declarar tránsfugas a los ediles que abandonaron NC para recalar en el proyecto Primero Canarias (Prica) es un revés técnico para Román Rodríguez, pero la respuesta de NC-BC ha sido elevar el coste político de la disputa. No se ha confirmado si la resolución la ha firmado Manuel Mateo Pérez Ojeda, funcionario de carrera de la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Grupo A, Subgrupo A1. El caso es que NC ha denunciado que no se ha dado plazo para presentar alegaciones. NC ha convertido San Bartolomé de Tirajana en el campo de pruebas de su lucha contra la desbandada interna que vive el partido en toda Gran Canaria. Al invocar la Adenda III del Pacto Antitransfuguismo, NC no busca solo una victoria local, sino sentar jurisprudencia política. El argumento de que abandonar el partido que te propuso dentro de una coalición te convierte en tránsfuga es el arma legal diseñada para frenar la hemorragia de cargos públicos que se escapan hacia nuevos proyectos.
Pero esta lucha interna tiene un coste de oportunidad altísimo: El tiempo y los recursos dedicados a esta guerra jurídica y política son horas que no se invierten en la gestión de crisis como la presión migratoria, la regulación del alquiler vacacional o el control de las grandes obras urbanísticas. Para los grandes turoperadores e inversores, una corporación local sumida en batallas de transfuguismo y sin plazos para alegaciones proyecta una imagen de fragmentación y baja capacidad administrativa, lo contrario de lo que requiere un destino de alta competitividad.
Mientras NC y el Gobierno local (PP-AV-CC) se enzarzan en la disputa por las actas de concejal, la oposición del PSOE ha puesto el foco en la creciente vulnerabilidad social del municipio, un área que el glamour de Maspalomas siempre intenta ocultar.
La denuncia del PSOE sobre la falta de un Plan Integral de Servicios Sociales y la supuesta vulneración de derechos fundamentales de las personas sin hogar (un colectivo que el municipio cifra en al menos 81) expone la fisura entre el motor económico y la realidad social. El cierre de proyectos como el CAIPSHO, que facilitaba el empadronamiento de las personas sin domicilio fijo, es un síntoma de que los problemas del 'kilómetro cero' —el empadronamiento, la atención social— están siendo ignorados o externalizados.
La crónica política en San Bartolomé de Tirajana ya no se escribe en los despachos de los partidos, sino en la urgencia de los problemas sociales y económicos del día a día. La élite política del sur de Gran Canaria está arriesgando su legitimidad al permitir que la guerra de las siglas consuma su energía, mientras el modelo de resort genera exclusión y el PSOE se posiciona como la oposición útil que propone soluciones reales y tangibles a la pobreza que crece bajo la sombra de los grandes hoteles. El transfuguismo, en este contexto, es un lujo que el corazón turístico de la isla no se puede permitir.
