¿Cómo es posible que un destino que surgió hace más de años caiga en estos errores? Las confianzas. La gestión de los servicios públicos en el motor turístico de Gran Canaria se encuentra bajo un intenso escrutinio. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha iniciado un procedimiento de revisión de oficio para declarar la nulidad de una contratación que asciende a 805.230,43 euros, correspondiente a los servicios de "encargados y hamaqueros para las playas" prestados entre diciembre de 2024 y mayo de 2025.
No es un simple error administrativo: es una flagrante exposición de la mala praxis institucional y la prolongación ilegal de un contrato vencido hace casi dos décadas. El meollo del escándalo es el contrato de servicios centralizados, el cual fue adjudicado inicialmente en 2003 y venció definitivamente en junio de 2007, incluidas sus prórrogas. Sin embargo, la empresa ha continuado prestando sus servicios "sin cobertura contractual" hasta, al menos, mayo de 2025, con la anuencia tácita del Ayuntamiento.
La justificación interna, según un informe del Área de Turismo, apela a la "imposible suspensión temporal" de un servicio esencial. No obstante, el Decreto de Alcaldía para iniciar la revisión es contundente: el contrato es nulo de pleno derecho por "prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" (Art. 47.1.e) LPACAP), lo que la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) prohíbe taxativamente. El Ayuntamiento, de facto, operó con una "contratación verbal" masiva e ilegal durante años, ignorando la obligación de licitar.
Al declararse la nulidad, la Administración busca limpiar el vicio legal, pero debe indemnizar a la empresa por el trabajo realizado. Aquí reside una de las decisiones políticas más importantes del proceso: El Ayuntamiento propone pagar 776.726,74 € en compensación, pero siguiendo la doctrina del Consejo de Estado, esta suma solo cubre los costes reales de la prestación, prescindiendo del beneficio industrial. Detracción del Beneficio: Dado que las facturas incluían un 4% de Beneficio Industrial, la propuesta de resolución establece la detracción de este margen, penalizando a la empresa por operar sin un contrato válido. Esta medida se justifica por la "prohibición del venire contra factum propium" y la búsqueda de la "indemnidad del contratista", no de su lucro en un contrato nulo.
Fuentes oficiales señalan que el caso Maspalomas subraya una problemática de gobernanza mucho mayor. La justificación de la continuidad ilegal del contrato se apoya en una situación "extraordinariamente compleja y delicada" —que incluye sentencias laborales, un expediente de regulación de empleo (ERE) y la "imposibilidad manifiesta de asumir el coste del servicio a corto o medio plazo"—, poniendo de manifiesto un riesgo sistémico en las finanzas municipales.
Un propio informe interno advierte del "grave quebranto para la Hacienda Municipal" si la contratista instara la Ley contra la Morosidad, lo que podría derivar en reclamaciones de intereses y, potencialmente, responsabilidades contra el "patrimonio personal de las autoridades y/o de funcionarios responsables del daño". La Alcaldía ha iniciado, tardíamente, un procedimiento para una nueva concesión administrativa del servicio de hamacas (tras obtener la autorización de Costas en marzo de 2025), con la previsión de adjudicar a finales de 2025 o principios de 2026. Sin embargo, la urgente revisión de oficio expone que la legalidad en la joya turística de Gran Canaria ha sido, durante demasiado tiempo, una mera ficción administrativa.
