La futura Ley de Ordenación del Turismo de Canarias se posiciona como el campo de batalla regulatorio más importante de la legislatura, con implicaciones directas en la valoración de activos inmobiliarios y las estrategias de expansión de las grandes cadenas hoteleras, desde Lopesan hasta los fondos de inversión. Este martes, 28 de octubre, a las 10:15 horas, en el Parlamento de Canarias hay encuentro entre la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, y el primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, es un evento de alta relevancia para el mercado.
San Bartolomé de Tirajana, municipio que engloba áreas prime como Maspalomas, Playa del Inglés y Meloneras, es el epicentro del turismo canario y donde la densidad y el uso del suelo son más críticos. La posición de Alejandro Marichal, por lo tanto, representa el pulso directo del mercado turístico en el terreno, a menudo alineado con la necesidad de expansión y modernización.
El encuentro se centrará en la futura Ley de Ordenación del Turismo, que se espera que aborde temas cruciales como: Si la nueva ley mantendrá o flexibilizará las restricciones al crecimiento de nuevas camas hoteleras y residenciales turísticas, un factor que afecta directamente el pipeline de inversión a largo plazo, la regulación sobre el alquiler a corto plazo y la posible inclusión de límites por zonas y los incentivos y obligaciones para la reforma de la planta hotelera obsoleta.
La Ley de Ordenación no es un simple reglamento; es el marco jurídico que definirá el riesgo y la oportunidad para el capital durante la próxima década. La presión de las patronales hoteleras y la necesidad de ingresos fiscales del Gobierno Regional chocarán con la sensibilidad medioambiental y la creciente crítica a la masificación. Las declaraciones que emitan De León y Marichal este martes serán analizadas al detalle por los traders y analistas inmobiliarios para anticipar el sentimiento regulatorio del Ejecutivo canario. Si el municipio más turístico presiona por la flexibilidad y el crecimiento, el mercado lo interpretará como una posible luz verde a nuevas inversiones. Si el Gobierno se muestra restrictivo, el capital buscará otros mercados.
