Coalición Canaria (CC) ha vuelto a poner el foco en una cuestión que combina riesgo ambiental, opacidad administrativa y sensibilidad geopolítica: la importación de arena procedente del Sáhara Occidental por parte de empresas cementeras radicadas en el Archipiélago.
Según la formación nacionalista, la principal receptora en la provincia de Las Palmas sería la planta de la familia Masaveu en El Pajar (San Bartolomé de Tirajana), en el sur de Gran Canaria, señalada por CC de Fuerteventura como el destino más habitual de los cargamentos descargados en los últimos años.
El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, ha reclamado al Gobierno de España que responda de inmediato a la solicitud de información presentada en agosto de 2024, en la que se pedía un listado detallado de los buques que, entre 2021 y 2024, descargaron arena en los puertos de Arrecife, Puerto del Rosario y La Luz procedente de El Aaiún u otros puntos del Sáhara Occidental. El objetivo de esa petición era conocer el volumen, procedencia y destino final de los materiales extraídos del territorio no autónomo, así como si se sometieron a controles sanitarios o medioambientales antes de su distribución.
Catorce meses después, la respuesta oficial sigue sin llegar, lo que ha llevado al senador a registrar una nueva pregunta parlamentaria escrita dirigida al Ejecutivo estatal. En ella, además de insistir en la falta de transparencia sobre las importaciones, San Ginés alerta del riesgo sanitario y aduanero derivado de la inactividad del Puesto de Inspección Fronteriza (PIF) de Puerto del Rosario, en Fuerteventura. Según denuncia, la falta de personal impide la verificación de materiales que llegan desde el continente africano, entre ellos las toneladas de arena descargadas esta semana por el buque Dura Bulk, procedente del puerto saharaui de El Aaiún.
“El Estado tiene la obligación de garantizar controles efectivos en todos los puertos de interés general”, advierte San Ginés, recordando que el PIF de Fuerteventura sigue sin dotación suficiente para operar.
Coalición Canaria considera que la entrada de arena del Sáhara Occidental plantea tres problemas simultáneos: un vacío legal internacional, dado que el territorio sigue bajo supervisión de Naciones Unidas; un riesgo sanitario, al no pasar la arena por inspecciones fitosanitarias ni ambientales; y un impacto económico y reputacional, al implicar a empresas españolas en la explotación de recursos naturales de un territorio pendiente de descolonización.
En este contexto, CC exige que el Gobierno de España aclare el papel de la cementera Masaveu en la cadena de suministro, determine si existe vulneración de normativa internacional y active los controles fronterizos necesarios en los puertos canarios.
Mientras tanto, el caso del “oro gris del Sáhara” —como algunos lo han bautizado en círculos políticos y ambientales— añade un nuevo punto de fricción entre Canarias y el Estado, en un momento en que la gestión de los recursos africanos y las relaciones con Marruecos vuelven a situarse en el centro del debate político del Archipiélago.
