La tensión vuelve a crecer entre los trabajadores de Cementos Especiales de las Islas (Ceisa), la histórica cementera del grupo Masaveu en el puerto de Santa Águeda, sur de Gran Canaria,donde se apaga lentamente una era industrial de más de seis décadas. Hace cinco meses del plazo que el Gobierno de Canarias fijó para iniciar el desmantelamiento de la planta, tras denegar la prórroga de concesión, parte de la plantilla acusa al PSOE de haberles “dejado tirados” y al comité de empresa de “mirar para otro lado”. Que no haya Presupuestos Generales del Estado está dañando la moral de los trabajadores que esperaban un impulso de la obra civil como el tren de Gran Canaria.
“Nos dieron seis meses en mayo para iniciar el desmantelamiento, y seguimos sin saber nada de nuestro futuro. Ni recolocaciones, ni garantías, ni alternativas reales”, lamenta un técnico de mantenimiento con mucha experiencia en la fábrica. “Aquí el comité pasa más tiempo pensando en el senderismo que en nuestra carrera profesional”, ironiza otro trabajador, en referencia a la afición de portavoz actual del comité que, según denuncian, “han perdido el contacto con la realidad de la plantilla, aquí no son 600 familias, son algo más de 100, lo que pasa es es están trayendo a empresas proveedoras a liderar la defensa de los trabajadores porque tienen intereses mercantiles y eso es lo que condenamos y queremos que un nuevo comité de empresa corrija", dijo una representante laboral que pidió no ser citada para elaborar esta noticia.
La fractura se ha acentuado por las presiones de subcontratistas sobre decisiones operativas de la planta en este periodo de transición. “Queremos que no haya injerencias externas, que las decisiones se tomen aquí y no en despachos que ni conocen la fábrica”, advierte un empleado del área de logística. "Queremos hacer llegar a Puertos Canarios que somos algo más de 100 trabajadores a recolocar, que Ceisa puede perfectamente".
En el terreno político, los trabajadores apuntan directamente al Partido Socialista, al que acusan de “doble discurso”. “Nos prometieron que nadie se quedaría atrás, pero en los hechos han priorizado la foto turística sobre el empleo industrial”, afirma un delegado que prefiere mantener el anonimato. En el sur de Gran Canaria, donde el turismo domina la economía, la salida de Ceisa simboliza algo más que un cierre: es el fin del último gran bastión fabril entre hoteles y campos de golf.
El malestar con el PSOE se ha extendido incluso a antiguos votantes del partido en el entorno de El Pajar, donde la cementera ha sido durante décadas uno de los principales empleadores estables. “Aquí muchos votaban socialista, pero eso se acabó”, resume un trabajador del área de ensacado.
Desde mayo, el reloj corre. Puertos Canarios otorgó seis meses para iniciar el desmantelamiento, pero no se ha hecho pública una hoja de ruta clara, y la sentencia del contencioso interpuesto por Ceisa aún no se ha dictado. Mientras tanto, las visitas de los técnicos regionales al puerto —primero frustradas por falta de coordinación, incluso previstas por vía marítima— se perciben como un teatro administrativo más que como el comienzo real del proceso. El silencio institucional contrasta con la ansiedad de los trabajadores, muchos de ellos con más de 25 años en plantilla. “Nos estamos quedando sin voz”, dice un trabajador.
Fundada en 1957, la planta de Santa Águeda ha sido un pilar de la economía local y un eslabón clave del desarrollo turístico del sur grancanario, que se construyó literalmente sobre el cemento producido en sus hornos. Hoy, la promesa de sustituir la industria por un puerto deportivo o un complejo hotelero suena a muchos como “un epitafio disfrazado de modernidad”. El conflicto laboral en Ceisa, más allá de su dimensión local, plantea un dilema más amplio para Canarias: ¿puede una economía basada en el turismo sostener empleos industriales de calidad? Por ahora, en El Pajar, la respuesta parece disolverse entre el polvo del cemento y el eco de una fábrica que se resiste a su último turno.
