El enfrentamiento entre el Parlamento de Canarias y Aena se ha intensificado tras la aprobación, este miércoles, de una proposición no de ley contra el incremento del 6,3% en las tarifas aeroportuarias previsto para 2026. La decisión, respaldada por los principales grupos salvo el PSOE, pone de relieve el malestar político y social frente a un modelo de gestión que —según los diputados insulares— “genera beneficios récord sin atender las singularidades del territorio”.
Detrás de la tensión subyace también la presión de los accionistas. TCI Fund Management, el fondo activista británico dirigido por Chris Hohn y primer accionista privado de Aena con alrededor del 10%, ha sido uno de los principales defensores de maximizar el retorno para los inversores, instando a la compañía a elevar dividendos y tarifas tras la recuperación del tráfico postpandemia. El Parlamento canario, por el contrario, exige que se prioricen las necesidades de conectividad y la participación institucional de las islas en la toma de decisiones.
“Canarias no puede ser un mero número en las cuentas de resultados de Aena”, afirmó Jonathan Martín (CC), quien recordó que el gestor aeroportuario, con un 51% de participación estatal a través de Enaire, obtuvo 1.934 millones de euros de beneficio en 2024, un 18,6% más que el año anterior.
El acuerdo aprobado por 43 votos frente a 22 no solo rechaza la subida de tasas, sino que reclama iniciar conversaciones en la Comisión Bilateral Canarias-Estado para garantizar la participación autonómica en la gestión de los aeropuertos. Para formaciones como la ASG o el PP, el incremento tarifario amenaza la cohesión territorial y el equilibrio económico entre islas capitalinas y no capitalinas.
El debate refleja una creciente fractura entre la lógica bursátil que domina Aena desde su salida a Bolsa en 2015 —en la que TCI ha sido un actor clave— y la realidad insular de un territorio ultraperiférico que depende casi en exclusiva del transporte aéreo.
Mientras el fondo británico celebra la mejora de márgenes y el retorno al dividendo extraordinario, los partidos canarios denuncian una política tarifaria “colonial” y un modelo que relega a las islas al papel de contribuyente pasivo de los beneficios del gestor.
Aena, por su parte, defiende que la actualización de tasas responde a la inflación y a la necesidad de financiar inversiones comprometidas en aeropuertos como Gran Canaria, Tenerife Sur o Lanzarote. Pero en Canarias, el consenso político es inusual: los aeropuertos no deben ser solo una fuente de caja para los mercados, sino una infraestructura estratégica que garantice el derecho a la movilidad.
