Concepción Narváez, exalcaldesa y actual concejal socialista en San Bartolomé de Tirajana, sur de Gran Canaria, figura entre los aspirantes admitidos en una plaza de funcionario convocada por el área de Turismo que dirige su compañero de partido en la comarca, el empresario Carlos Álamo. El proceso es legal, pero abre un debate ético sobre el uso del empleo público en Canarias. Fuentes del PSOE grancanario expresaron su malestar tanto con el papel de Álamo como con el de Narváez: "Por muy legal que sea el mensaje que se manda a nuestro electorado femenino y juvenil es impropio, seguro que lo habrán medido".
La noticia corrió el pasado fin de semana por grupos de mensajería digital. El proceso de selección, que incluiría una entrevista personal, para una única plaza de Técnico Superior de Administración General (A1) en el ente Turismo de Gran Canaria ha encendido las alarmas sobre la transparencia y la gobernanza en una de las instituciones más estratégicas para la economía insular. La controversia surge porque en la lista provisional de admitidos figura María Concepción Narváez Vega (Nº 27 del Anexo), exalcaldesa de San Bartolomé de Tirajana y líder orgánica del PSOE en el ayuntamiento del sur de la isla donde gobierna AV-PP y CC, mientras que la convocatoria fue firmada por el secretario general local de partido, el consejero de Turismo del Cabildo, Carlos Álamo.
Aunque la legislación española permite a los políticos postularse para puestos de funcionario, en este caso el salario sería superior a 3.000 euros neto mensuales, la concurrencia en este caso específico genera una percepción corrosiva de conflicto de intereses. La entidad en cuestión, Patronato de Turismo de Gran Canaria, maneja presupuestos clave para la promoción y la ejecución de proyectos de modernización turística, muchos de ellos cofinanciados con fondos estructurales europeos. La posible entrada de Narváez, una figura con peso e influencia política local en la zona turística más importante, es vista como un intento de 'acolchamiento' de cuadros del partido mediante la función pública. Si Narváez queda segunda quizás pueda seguir optando a una plaza en el futuro.
El decreto, que formalmente se ampara en la Ley 39/2015, respeta los plazos y procedimientos (publicación en el BOP y apertura del plazo de subsanación de 10 días). No obstante, para los analistas de gobernanza y competencia, el problema no reside en la legalidad del papel, sino en la ética institucional. La existencia de un 'código rojo' dentro del PSOE grancanario que facilita la reubicación en puestos técnicos clave debilita la meritocracia y plantea dudas sobre la neutralidad de la estructura administrativa que debe supervisar las inversiones en la isla.
El puesto de Técnico Superior (Grupo A1) no es menor; implica acceso a la toma de decisiones y la gestión de expedientes sensibles como los permisos y sanciones de viviendas vacacionales o modificaciones de inmuebles como centros comerciales de Playa del Inglés. La presencia de una exalcaldesa que tiene pleno conocimiento de las redes políticas y económicas del sur de Gran Canaria podría comprometer la objetividad de la administración de este activo turístico fundamental.
Si bien no existen indicios de irregularidad formal, el caso reaviva el debate sobre la permeabilidad entre la carrera política y la función pública en la administración insular, un asunto especialmente sensible en Canarias, donde la línea entre los nombramientos técnicos y los equilibrios partidistas suele ser objeto de escrutinio. Fuentes del Cabildo consultadas señalan que el proceso "se ajusta estrictamente a la legalidad y a los plazos establecidos", mientras que analistas en transparencia pública subrayan que la percepción de imparcialidad es tan crucial como la legalidad en sí cuando los actores implicados comparten filiación política de la misma agrupación del PSOE.
