La publicación de la Orden JUS/1222/2023 por el Ministerio de Justicia evidencia la alta volatilidad de los puestos fiscales en el epicentro turístico de Gran Canaria. La Sección Territorial pierde a dos Fiscales de carrera para recibir a tres Abogados Fiscales de primer destino, una permuta que impacta directamente en la gestión de la macro-delincuencia económica.
La resolución del concurso de traslados para la cobertura de plazas vacantes en el Ministerio Fiscal, publicada en el BOE el 14 de noviembre de 2023, ha confirmado una profunda reestructuración en la Fiscalía de la Sección Territorial de San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas). Este movimiento de personal, habitual pero significativo, subraya la alta rotación que caracteriza a los puestos judiciales en zonas turísticas de las islas.
El principal foco de atención para el Sur de Gran Canaria es la salida de dos figuras clave, cuyos traslados se interpretan como un movimiento a plazas que, si bien son de menor categoría, ofrecen mayor estabilidad o cercanía geográfica: María Ruiz Jiménez (abogada Fiscal en 3.ª categoría): Traslada su destino a la Fiscalía Provincial de Huelva. Rocío Martín-Romero Cabrera (Abogado/a Fiscal en 3.ª categoría): Se mueve a la Sección Territorial de Osuna (Sevilla).
La marcha de estos dos profesionales representa la pérdida de la experiencia acumulada en una jurisdicción especialmente compleja. La Fiscalía de San Bartolomé de Tirajana gestiona expedientes delicados relacionados con la corrupción urbanística, la criminalidad organizada vinculada al ocio nocturno y los delitos económicos derivados de la inversión turística y el blanqueo de capitales. Esta pérdida de know-how obliga a los nuevos Fiscales a asumir curvas de aprendizaje aceleradas en casos de gran impacto económico.
No obstante, en un movimiento que mitiga la sangría, Érika Quintana Kwak, abogada Fiscal en plaza de 2.ª categoría, mantiene su puesto en la Sección Territorial, aportando un necesario hilo conductor de continuidad.
Para cubrir las vacantes y compensar la rotación, la Fiscalía de San Bartolomé de Tirajana recibe a tres nuevos Abogados Fiscales en plazas de 3.ª categoría, inyectando savia nueva al equipo: Rafael Guerra del Río Calamita, procede de la Sección Territorial de Mataró (Barcelona); María Teresa Gómez Pérez, procede de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, un traslado geográficamente cercano que puede facilitar su adaptación al circuito insular y Mercedes Gil Castillo, que procede de la Fiscalía Provincial de Valencia.
Si bien la llegada de tres Fiscales compensa numéricamente las pérdidas, el balance cualitativo implica que la carga de trabajo pesada y especializada del sur de Gran Canaria recaerá temporalmente sobre nuevos hombros, lo que podría traducirse en un retardo en la tramitación de macro-causas hasta que los profesionales se aclimaten a las particularidades del foro turístico.
Este concurso de traslados refuerza la tesis de que la Fiscalía del Sur de Gran Canaria actúa frecuentemente como un "trampolín" o un destino temporal. Los Fiscales recién llegados usarían estas plazas insulares para consolidar su categoría antes de optar a destinos en la Península o en las capitales de provincia.
Esta inestabilidad endémica genera una vulnerabilidad en la lucha contra la macro-delincuencia y la corrupción urbanística, ya que la memoria institucional y la especialización se ven constantemente interrumpidas. La falta de incentivos (más allá de los traslados obligatorios) para fijar plantillas de Fiscales con experiencia en una zona de alta complejidad económica debería ser un punto de presión para el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado, si realmente buscan fortalecer la respuesta penal en el mayor motor económico de Canarias.
