A pesar de que la contaminación ha llegado hasta la zona turística de Mogán, la propiedad de Aquanaria ha evitado dar explicaciones públicas, limitando la interlocución a un solo empleado
El incidente tóxico que ha forzado el cierre de playas en seis municipios, alcanzando el motor turístico de alto valor en Mogán y San Bartolomé de Tirajana, está evolucionando de un desastre ambiental local a una crisis económica e institucional de gran calado para Gran Canaria. La clave del problema reside en la parálisis de la rendición de cuentas, con actores clave —la acuícola Aquanaria, el Ayuntamiento de Telde y las autoridades regionales— atrapados en una disputa pública que crea un peligroso vacío regulatorio.
Los riesgos económicos son directos y enormes. Aquanaria, la empresa especializada en lubinas gourmet, estima pérdidas directas por la mortandad masiva de peces que superan los 15 millones de euros. Sin embargo, la disputa se centra en el origen de la contaminación mientras la Fiscalía sigue sus pesquisas: Aquanaria y el instituto ECOAQUA (ULPGC) señalan un vertido químico agudo el 3 de octubre, presuntamente proveniente del emisario municipal de Telde, que abrasó las branquias de sus peces. La inacción institucional fue tal que la empresa tuvo que denunciar los hechos ante la Fiscalía tras 15 intentos fallidos de comunicación con el Ayuntamiento de Telde.
Investigadores del IUSA (ULPGC) sugieren que el fenómeno podría deberse a procesos naturales agravados por las altas temperaturas marinas y la acumulación de materia orgánica (heces y pienso) en el fondo de las jaulas. El calor reduce el oxígeno en el agua, activando bacterias que generan sulfuro de hidrógeno, un gas tóxico que mata a los peces. Para el sector turístico y los inversores, esta dicotomía es crucial: ¿Existe una exposición a vertidos químicos ilegales no monitoreados (fallo regulatorio) o la industria acuícola principal está incurriendo en una gestión de residuos insostenible que afecta el litoral turístico.
El punto más preocupante para la marca turística del Sur es la ausencia de liderazgo visible. Esta postura alimenta la ansiedad pública y deja a las administraciones locales solas para gestionar una narrativa de crisis que afecta directamente a los ingresos turísticos. Si bien la Cooperativa de Pescadores de Melenara confirma que la fauna marina fuera del perímetro de las jaulas sigue sana, los restos orgánicos y la capa aceitosa que han provocado el cierre de playas representan una pérdida directa para la economía del sur.
Los resultados de los análisis periciales del Seprona (Guardia Civil) son ahora la variable más crítica; de ellos dependerá determinar si la causa última es una negligencia regulatoria municipal, una mala praxis corporativa, o una combinación fatal de ambas. Mientras la Fiscalía de Medio Ambiente trabaja para asignar la culpabilidad, el motor económico del Sur de Gran Canaria permanece expuesto a este riesgo ambiental y a una crisis de confianza en la capacidad de la gobernanza local para resolverla.
