El fondo de inversión MCH, dueño de Aquanaria, sigue sin dar la cara. La empresa del sector pesquero tiene como un portavoz en las islas para atender a la mayor crisis medioambiental de la isla en los últimos años a un empleado, un gerente. La propiedad sigue confiando en el silencio de los medios de papel de Las Palmas por la influencia de la publicidad para crónicas gastronómicas que emplean las lubinas que se producen en Telde y sur de Gran Canaria. Ni el consejero delegado de MCH, Jaime Hernández Soto, ni Celia Andreu, responsable de medio ambiente del fondo, han dado la cara en Gran Canaria con la crisis.
Mientras Gran Canaria cuenta ya con 17 playas cerradas, la marea de la indignación sube en Telde. Mil voces canarias han clamado en Melenara contra el vertido de Aquanaria, una crisis medioambiental que destapa la crónica falta de soberanía y la "descoordinación" de unas administraciones que fallan al proteger su propio Archipiélago. La salud de la tierra y sus gentes, pisoteada por la inacción foránea.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas abrió diligencias de investigación el 17 de octubre, pero para muchos, la respuesta llega tarde y es tibia. La paciencia canaria tiene un límite, y cuando la tierra, el mar y la salud son profanados, el grito de un pueblo se convierte en la única barrera real frente a la inacción. La crisis de Telde no es solo un problema ambiental; es un pulso por la soberanía y el respeto al territorio canario, una frontera donde la dignidad no se negocia.
Cuando el aire se hace irrespirable y el mar, antes sagrado, se convierte en un caldo de putrefacción, es el momento en que un pueblo se levanta. Y así ha sido este domingo en Telde. Unas 1.000 almas canarias, empujadas por la pestilencia y la indignación, han marchado desde el muelle de Melenara hasta Salinetas para gritar una verdad incómoda: la "desidia" y la "falta de respeto" de la Península (léase "godos") y sus empresas tienen a Gran Canaria con 17 playas cerradas, y a Telde en el epicentro de una crisis de salud pública y dignidad insular.
La bronca no es gratuita. El dedo acusador de colectivos vecinales y ecologistas apunta directamente a las jaulas de acuicultura de la empresa Aquanaria, ubicadas en el litoral de Tufia y Salinetas. De allí, sostienen, procede el vertido masivo de materia orgánica en descomposición causado por la mortandad de miles de lubinas. "Esto apesta, el pueblo protesta", "Nuestra salud primero, fuera viveros", han sido los cánticos de una manifestación que destila hartazgo y un profundo sentimiento de abandono.
Una representante de los convocantes no se anduvo con rodeos: "Hay toneladas de lubinas flotando aún en el mar" y "no había un plan de contingencia ante una mortandad masiva por parte de la empresa". Esta negligencia, que incluso se puede apreciar desde los aviones que sobrevuelan la zona, no es solo un fallo de la empresa; es un síntoma de una gobernanza disfuncional donde el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias parece haberse diluido en el "caos". "Llevamos mes y medio sufriendo la descoordinación de las administraciones", añadió la portavoz, una crítica que resuena con fuerza en un Archipiélago que siempre ha luchado por su autogestión.
La salud de los canarios está en juego. Los manifestantes han denunciado casos de otitis, conjuntivitis, diarreas y dermatitis, consecuencias directas de una "materia orgánica en descomposición que está suponiendo una amenaza para la salud humana". Las exigencias son claras y urgentes: la instalación "inmediata" de barreras anticontaminación, 'skimmers' y elementos absorbentes alrededor de las jaulas.
