Un reciente Auto del Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente la vía penal a una comunidad de propietarios del sur de Gran Canaria y a varios particulares de Maspalomas que denunciaron una batería de presuntos delitos económicos, incluyendo administración desleal, falsedad documental y coacciones. Al desestimar la demanda de error judicial contra el archivo de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Las Palmas, el TS no solo confirma la decisión local, sino que emite una máxima esencial para los litigios en la provincia. Maspalomas24H no ha sido autorizada a dar el nombre de la entidad.
La lectura crucial para el ámbito mercantil es la ratificación del Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana y la Audiencia Provincial de Las Palmas: el fondo del asunto no constituye un delito, sino un "conflicto civil por la administración y control de los órganos de gobierno de la comunidad". El Tribunal Supremo avala la posición de que las conductas achacadas a los 4 denunciados —aunque pudiesen ser reprochables éticamente— "carecen de trascendencia jurídico penal," relegándolas al "ámbito jurídico civil". Esta distinción es fundamental para los Juzgados de lo Mercantil de Las Palmas, que gestionan una carga importante de disputas de este calibre, especialmente en el sector turístico y de la propiedad horizontal compleja del sur de la Isla.
Este Auto actúa como un filtro de alta jurisdicción. En un contexto como San Bartolomé de Tirajana, donde las comunidades de propietarios a menudo gestionan intereses económicos multimillonarios (explotación turística, alquileres vacacionales, servicios) y se comportan como cuasi-sociedades mercantiles, las alegaciones de Administración Desleal son recurrentes. Al cerrar la puerta penal, el TS obliga a los demandantes a pivotar y a buscar el resarcimiento económico en el Juzgado de lo Mercantil. Es aquí donde las herramientas de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Propiedad Horizontal permiten un análisis más profundo y técnico sobre:
El mensaje es claro: si la causa del conflicto es la gestión y el control corporativo, el cauce adecuado es el civil o el mercantil, y no la vía rápida (y fallida) del Derecho Penal. Este pronunciamiento refuerza la autoridad del Juez de lo Mercantil para resolver estas complejas disputas de gobierno y patrimonio en el Archipiélago. El camino para la comunidad de propietarios es ahora judicialmente más arduo, pero jurídicamente más certero.
