La Fiscalía ha solicitado la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial de Las Palmas en el marco del procedimiento abreviado contra MGLL, expresidenta de la comunidad de propietarios del complejo Apartamentos Australia en San Bartolomé de Tirajana, y contra AMTF, quien ejercía como administrador y encargado de la contabilidad. El núcleo de la acusación se centra en la supuesta apropiación indebida de fondos de la comunidad por parte de los dos encausados entre los años 2008 y 2011, en ejecución de un "plan preconcebido y de común acuerdo".
Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Maspalomas24H, MGLL, presidenta desde 2006, y AMTF, administrador desde 2008, incumplieron su deber de gestionar el patrimonio en beneficio de la comunidad, disponiendo del capital para su beneficio personal ilícito. Este presunto esquema se facilitó por la doble función de los acusados: ambos eran, junto a un tercero, administradores mancomunados de la entidad GTA, la cual había sido aprobada en Junta para llevar la explotación turística del complejo.
Aprovechándose de que la expresidenta MGLL disponía de firma autorizada en las cuentas corrientes de la comunidad, se realizaron múltiples operaciones bancarias sin dejar constancia en la contabilidad oficial de Apartamentos Australia. El presunto desvío total de fondos asciende a 107.736,10 euros mediante las siguientes modalidades como 26.748,31 euros que fueron sustraídos a través de treinta y nueve cheques y tres pagarés al portador emitidos entre 2008 y 2011 y cobrados directamente por la encausada MGLL. 44.844,07 euros se extrajeron mediante cheques y pagarés emitidos a nombre de la comunidad, sin que el administrador, AMTF, realizara las aseveraciones de pago correspondientes, facilitando el desvío de los fondos.
29.890,41 euros fueron utilizados indebidamente para abonar salarios de empleados de entidades directamente vinculadas a los acusados, como KGE, S.L. (cuyo administrador único era AMTF) y SESCB, sin que la comunidad de propietarios hubiera autorizado o tenido relación laboral con dichos empleados. 6.253,31 euros se destinaron a pagar cargos facturados por las entidades GTA, KGE SL y SESCB, sin que dichas empresas hubieran prestado servicio alguno a la comunidad de propietarios, según la Fiscalía.
El proceso judicial ha sufrido parálisis procesales en dos periodos significativos (entre 2015-2016 y 2020-2021) que no son imputables a los encausados. Una vez evacuado el traslado conferido, el Fiscal ha formulado su Escrito de Acusación y ha manifestado su interés en la apertura del juicio oral ante la Audiencia Provincial contra MGLL y AMTF. Esta conclusión formal implica que el Ministerio Público considera que existen indicios suficientes de delito (presunta apropiación indebida continuada y administración desleal) para que los hechos sean juzgados en la máxima instancia provincial.
