La industria turística del sur de Gran Canaria, donde se concentra uno de los mayores parques europeos de complejos de tiempo compartido, recibe con cautela pero con alivio la reciente doctrina del Tribunal Supremo sobre la multipropiedad. El fallo —que valida los sistemas de “semanas flotantes” siempre que exista un mecanismo claro de asignación— elimina de un plumazo uno de los principales focos de litigiosidad del sector en las dos últimas décadas.
Para destinos como Maspalomas, Playa del Inglés o Puerto Rico, donde la multipropiedad llegó a representar hasta el 12% del inventario alojativo en los años previos a la Ley 42/1998, la decisión judicial supone un cambio de escenario significativo. Varias cadenas y gestoras con fuerte presencia en la zona, consultadas por este periódico, coinciden en que el nuevo marco normativo “rebaja el riesgo reputacional” y permite planificar inversiones aplazadas.
Un sector lastrado por la incertidumbre judicial
Desde principios de los 2000, numerosos complejos habían quedado atrapados en un limbo normativo: productos comercializados legalmente en los 80 y 90 —basados en semanas flexibles o “flotantes”— fueron durante años objeto de demandas por supuesta indeterminación del objeto contractual. La consecuencia fue un volumen acumulado de litigios que afectó especialmente a Canarias, el principal destino europeo de la multipropiedad.
Ahora, el Supremo establece que esos contratos no son nulos per se: su validez depende de que la adaptación a la Ley 42/1998 estuviera correctamente registrada y describiera de forma transparente la estructura del sistema. Para el sector, supone una línea roja clara tras años de interpretaciones contradictorias.
Impacto económico: del riesgo legal a la revalorización de activos
Firmas consultoras especializadas estiman que la inseguridad jurídica llegó a descontar entre un 15% y un 25% del valor de mercado de algunos complejos afectados, principalmente en Costa Mogán y Maspalomas. Con la doctrina ya fijada, varios operadores prevén iniciar procesos de actualización patrimonial e incluso explorar ventas parciales.
Un directivo de una cadena con presencia en Playa del Inglés explica que el fallo “facilita refinanciaciones y desbloquea proyectos que los bancos no querían tocar por miedo a reclamaciones”. También apunta a un posible repunte de la actividad en el mercado secundario de semana vacacional, que en Canarias cayó más del 80% desde 2015.
Qué cambia para el consumidor
Lejos de suponer una relajación normativa, el Supremo insiste en la transparencia contractual: descripción clara del derecho, criterios de asignación, costes de mantenimiento y alcance del uso real. Para los usuarios históricos que durante años han operado en sistemas bien administrados, la sentencia implica estabilidad. Para quienes arrastraban conflictos, abre la puerta a una revisión caso por caso menos automática y más técnica.
Una oportunidad para reformular un producto envejecido
En un sur de Gran Canaria cada vez más orientado a segmentos de lujo, teletrabajo invernal y estancias largas, la multipropiedad vuelve a entrar en el radar de algunos inversores. No como un producto masivo, sino como una fórmula flexible de uso compartido, más cercana a los modelos “vacation club” que dominan Estados Unidos.
El fallo judicial, dicen los expertos, no resucita el viejo modelo, pero sí despeja el camino para actualizarlo. Para un destino que compite con Madeira, Cabo Verde y el sur de Turquía por un turismo europeo cada vez más exigente, cualquier elemento de estabilidad regulatoria cuenta.
Con esta sentencia, la multipropiedad canaria —una de las industrias invisibles del turismo insular— gana tiempo, claridad y, sobre todo, margen para reinventarse.
