El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto la central de Juan Grande como epicentro de la renovación eléctrica en Gran Canaria, designando a Endesa como la gran adjudicataria. Sin embargo, la imposición de una fecha límite (31 de diciembre de 2028) para que los nuevos equipos de generación entren en funcionamiento ha sido calificada de "imposible" por expertos, dado que la construcción y puesta en marcha de estas infraestructuras lleva de cinco a diez años.
La carrera contrarreloj para blindar el sistema eléctrico de Canarias contra el riesgo de apagones ha entrado en su fase más crítica, con la publicación de la resolución provisional del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco). La decisión pone el foco en los emplazamientos actuales, con las centrales de Juan Grande y Jinámar a la cabeza en Gran Canaria.
Según fuentes del sector, Endesa ha resultado ser la gran ganadora del concurso, encargándose de la instalación de nueva potencia y la renovación de equipos obsoletos en las centrales de Gran Canaria y Tenerife. La opción ministerial de utilizar los emplazamientos existentes, como Juan Grande, se debe a su viabilidad económica, ya que simplifica la logística de conexión a la red.
La empresa deberá afrontar una inversión estimada cercana a los 1.000 millones de euros en el conjunto de sus proyectos canarios, destinados a reemplazar equipos, algunos con más de 50 años de antigüedad. El factor más polémico de la resolución del Miteco es la fecha límite: 31 de diciembre de 2028. Este plazo de apenas tres años ha generado un aluvión de alegaciones entre las empresas adjudicatarias (Endesa, Disa, Sampol y Satocan) y las excluidas.
Expertos del sector, como Carlos Medina, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, han advertido repetidamente que la instalación de los casi 1.000 MW de potencia en concurso requerirá, de media, entre cinco y diez años, considerando la necesidad de construir las nuevas plantas y completar los complejos trámites ambientales.
El Miteco ha acumulado más de doce años de retraso en la convocatoria del concurso, lo que ha generado el actual déficit de potencia y el alto riesgo de un cero energético. Ahora, exige a las empresas una velocidad de ejecución que el sector considera irreal.
La prisa del Ministerio se subraya con una cláusula que permite a las adjudicatarias retirarse del concurso sin penalización tras el periodo de alegaciones, una vía de escape que las empresas estudian ante la falta de certezas. Además de los plazos, el otro gran punto de conflicto es la retribución. Las empresas denuncian que la resolución no detalla cuánto se pagará por la generación de electricidad, a pesar de que la inversión total del concurso supera los 1.500 millones de euros.
