El caso de las presuntas irregularidades en los pagos de productividad del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha escalado un peldaño institucional. A los reproches del Tribunal de Cuentas —que ya ordenó el nombramiento de un instructor ante los indicios de abonos injustificados— se suma ahora el aval explícito de la Fiscalía, que ha pedido profundizar en la investigación al considerar que no se descarta un perjuicio económico para las arcas municipales.
El Ministerio Fiscal, tajante: faltan informes, sobran pagos
Según un escrito del Ministerio Fiscal fechado el pasado 23 de septiembre, al que ha tenido acceso Canarias7, la Fiscalía sostiene que el Ayuntamiento “no ha acreditado suficientemente” la necesidad, proporcionalidad ni compatibilidad legal de determinados complementos retributivos abonados durante los últimos ejercicios.
Fuentes del Ministerio Público confirman que trabajan bajo dos hipótesis: Cobros de productividad sin motivación que la Intervención detectó casos donde no figura informe que justifique el rendimiento extraordinario.
Y percepciones simultáneas dudosas: empleados que habrían cobrado productividad por ejercer de forma temporal varias jefaturas a la vez, pese a que el régimen retributivo limita la compatibilidad de estos abonos.
La Fiscalía subraya que estas prácticas podrían constituir un alcance contable, la figura que en el Tribunal de Cuentas se utiliza para definir un daño económico a los fondos públicos.
El Tribunal de Cuentas rechaza el archivo y exige investigar
En un auto fechado el 21 de noviembre, la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas rechazó la solicitud del Ayuntamiento para archivar la denuncia presentada por el empresario Juan Manuel Pérez —representado por el abogado Henry Joseph Feltenstein— y dio por buenos los indicios localizados en el informe de la Intervención.
El órgano fiscalizador apunta a tres elementos clave: Pagos en exceso o sin documentación suficiente y compatibilidad no acreditada en el cobro simultáneo de varias funciones directivas.
Reintegros insuficientes: el municipio afirma haber iniciado devoluciones, pero el Tribunal no considera acreditado que abarque todas las cantidades afectadas.
Como consecuencia, ordenó nombrar un instructor, descartó suspender cautelarmente los pagos futuros de estos complementos y dejó claro que la instrucción será “determinante” para depurar responsabilidades.
El Ayuntamiento se defiende: “Todo se hizo conforme a acuerdo plenario”. El grupo de gobierno sostiene que todos los pagos se ajustan a un acuerdo regulador aprobado en el pleno municipal y nunca impugnado. Además, recalcan que tras el informe de Intervención de abril adoptaron medidas correctoras y tramitaron los expedientes con la supervisión de los jefes de servicio.
No obstante, ni Fiscalía ni Tribunal de Cuentas consideran suficientes las alegaciones municipales. La acumulación de advertencias —técnicas, fiscales y contables— sitúa a San Bartolomé de Tirajana bajo una doble vigilancia que no es habitual: El Tribunal de Cuentas detecta indicios de quebranto y abre diligencias.
Y la Fiscalía respalda esa tesis y pide profundizar en las responsabilidades, individuales y organizativas.
En la práctica, este tándem institucional aumenta las probabilidades de que el caso derive en un procedimiento de responsabilidad contable, donde podrían exigirse reintegros personales a quienes ordenaron o percibieron abonos irregulares.
Por ahora, el municipio se limita a colaborar y niega cualquier desviación. La instrucción que se abre en Madrid decidirá si todo fue un exceso administrativo… o el inicio de un caso mayor.
